Llevamos varias semanas con noticias preocupantes en el Gobierno de Cantabria, no solo por el fiasco de los trenes, caso Renedo, etc., etc., de tal modo que estamos ocupando los telediarios no solo locales sino nacionales por temas de corrupción política.
A la par, nuestro Presidente Revilla, dándose golpes de pecho de honradez y
vilipendiando al emérito Rey Juan Carlos incluso cuando ni siquiera viene a cuento. Sin embargo, ahora le ha explotado un corralito en la Consejería de Obras Publicas, donde, según ha trascendido, se viene produciendo un clientelismo político de corrupción política, prevaricación continuada desde hace unos cuantos años, de la que el Sr. Revilla fue las legislaturas 1995-1999 y 1999-2003 Vicepresidente y Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo del ejecutivo cántabro en un gobierno de coalición con el Partido Popular (PP).
Es decir, durante 8 años estuvo al frente de la Consejería de Obras Publicas, casualmente donde se ha destapado una trama de corrupción que parece ser la punta del iceberg.
Desde este medio, así como en las tertulias de Cantabria FM, venimos advirtiendo de una serie de “descontrol” (por decirlo de alguna manera) en algunos organismos dependientes del Gobierno, como en algunas empresas públicas (con funcionamiento mercantil, algunas estuvieron implicadas en las subvenciones al
Racing), que sirven de oficina de colocación en el Partido Regionalista y del Partido Socialista, empresas que se nutren, primordialmente, de los presupuestos de la Comunidad.
Y un aviso para navegantes, el próximo 6 de Abril de 2.023 se abre la puerta del perdón en Liébana, con una serie de fastos totalmente innecesarios y superfluos que exigen ser auditados, como hemos tenido ocasión de comprobar en alguna edición anterior.
Con este escándalo del funcionario de carreteras, que al parecer lleva tiempo
actuando irregularmente, se ha puesto en evidencia que han fallado los mecanismos de control desde las más altas instancias, y en palabras del propio Revilla a propósito de los ERE de Andalucía, decía que la negligencia de los Responsables Políticos al más alto nivel era obvia, “bien por su torpeza en no detectarlos, o si lo sabían eran cómplices de lo que sucedía”. Por tanto que se autoaplique el cuento y deberá asumir de forma inmediata responsabilidades, en lugar de hacer de bufonear con Pablo Motos.
Llama la atención que a propósito de este escándalo hayan empezado a
proliferar muchos rumores (no sabemos si son ciertos o no, pero exigen una aclaración e investigación), sobre las vinculaciones entre las empresas implicadas y el funcionario de la Consejería con el PRC.
De momento no hemos escuchado desmentidos contundentes ni rápidos, como exige el caso, y lo único que hemos percibido de nuestro Presidente es que tomarán “acciones legales” frente a quienes propaguen este tipo de noticias, olvidando que el deber primordial (y constitucional) de los medios es informar, sin que pueda censurarles a estas alturas de la película.
Es evidente que desde el Gobierno, en concreto el caduco Presidente Revilla, con
esta reacción no solo no viene a cerrar las dudas sino que las viene a alimentar, al tiempo que trata de intimidar a los medios con métodos estalinistas, cuando lo suyo era haber convocado de inmediato una rueda de prensa, desmentir, aclarar y explicar todo lo que está sucediendo, pues de lo contrario están propiciando más las dudas y sospechas sobre este extraño affaire.
Por si no fuera suficiente, la torpeza de este Presidente no tiene límites, y desde luego alcanza lo grotesco cuando manifiesta que piensan personarse en la causa penal como perjudicados, cuando es evidente que el Gobierno de Cantabria deberá personarse, no como tal, sino como responsable civil subsidiario por los desaguisados de sus funcionarios, conforme impone el art. 121 del Código Penal “La Comunidad Autónoma.. responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos cuando estos sean agentes de la autoridad o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos….”
El Partido Popular en el caso Gürtell y en el caso Bárcenas pretendía lo
mismo, personarse como perjudicado, y el Juzgado de Instrucción se lo denegó por la misma razón, por ser responsable civil subsidiario, y deberá ser en tal la condición en la que deberá personarse, como esperamos así lo establezca la titular del Juzgado de Instrucción Nº 5 de Santander, pero es obvio que existe cierto nerviosismo y quieren personarse de cualquier modo para ver el alcance de la investigación y conocer como prendió y hasta donde puede llegar.
Y el colmo del dislate, y del descontrol de este Gobierno, lo vemos en que,
según hemos leído en el día de hoy, pretenden pedir “consejo” al Juzgado de como proceder con las adjudicaciones (a estas empresas) en curso. Vamos a ver, esto me parece incalificable, pues lo primero que tienen que hacer es anular todas estas contrataciones y adjudicaciones, pues no es cometido del Juzgado asesorar, sino investigar.
Por tanto, creo que esto no ha hecho nada más que empezar, y el asunto
es extraordinariamente grave, deberá tirarse del hilo que puede ser muy alargado, pues siempre vemos los carteles de las mismas empresas adjudicatarias en todas las obras de la comunidad, y exigir responsabilidades en todos los órdenes, por lo que pedimos valentía a la Justicia, y que haga bien su trabajo para que los responsables inferiores y superiores no se vayan de rositas como ha sucedido en otras ocasiones, porque estamos jugando con dinero público, del estrangulado contribuyente que exige más que nunca luz y taquígrafos.
Por último, según ha trascendido, la denuncia parte de la Agencia Tributaria, yo me pregunto: ¿si la denuncia la hubiera hecho un particular se hubiese abierto aquí en Cantabria una investigación de esta índole?. Tengo mis dudas, pero es bueno que parta de donde haya partido, como decía al principio, hay cierto “olor a podrido” (emulando una obra literaria) y esta Comunidad exige una regeneración a todos los niveles.
