Este 22 de febrero se cumple un año desde que estalla el escándalo que salpico al PRC, de la corrupción en la consejería de Obras Públicas, en el que se destapó los contratos millonarios irregulares que se estaban dando en al servicio de mantenimiento de Carreteras.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, de la que es titular la jueza Mercedes Compostizo, envió a prisión en su momento a la única persona de la administración pública implicada, Miguel Ángel Díez, jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas, por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, fraude en la contratación pública, falsedad documental y blanqueo de capitales .

Los agentes policiales habrían descubierto que Díez tenía una cuenta en un banco de Luxemburgo donde constan operaciones con fondos de inversión por más de 772.000 euros. También donaciones a su mujer y a sus hijas en los cuatro últimos años por importes de 775.000 euros.

Díaz, adjudicó un total de 8.879.439,01 euros a las empresas Rucecan SL, Api Movilidad SA, la UTE conformada por Rucecan SL y Obras del Norte SA y Centro de Jardinería La Encina SL.

De los 8,8 millones de euros, la compañía que más dinero público cobró fue
Rucecan, dedicada a la construcción, que obtuvo 4.709.575,77 euros en contratos.

Le sigue Api Movilidad SA, cuyo objeto social es «desarrollo de proyectos de ingeniería civil», resultó beneficiada por contratos por valor de 2.632.876,79 euros. Por último, la UTE cobró 858.654,14 euros y la cuarta empresa implicada en la trama de corrupción 678.332,31 euros.

Todos estos contratos fueron adjudicados mediante el procedimiento de
emergencia. Es decir, evitando que los encargos fueran licitados y se realizara un concurso público, entre los años 2019 y 2022. Muchas de estas adjudicaciones se llevaron a cabo durante la pandemia del coronavirus.

Lo cierto es que un año después, no se han vuelto a conocer más datos sobre como están las investigaciones por parte del Juagado que lleva el caso, ni tampoco por parte del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga, que en campaña habló de abrir una comisión para investigar las responsabilidades políticas y a día de hoy no se sabe nada del caso.

En acuerdo de investidura y legislatura firmado tras las elecciones del pasado 28 de mayo, entre Buruaga y Revilla, este último puso como condición que no hubiera comisiones de investigación sobre la gestión de su Gobierno PRC-PSOE, y a día de hoy se está cumpliendo esa condición por parte del Gobierno actual del PP.