Por Gervasio Portilla
No hay duda para cualquier observador informado, que se está utilizando la pandemia del COVID-19 para restringir libertades y derechos que hasta ahora nadie discutía.
El Tribunal Constitucional, ha tomado el pasado día 22 de julio una buena decisión, digo buena, porque protege nuestras libertades, lo más íntimo del ser humano.
El Pleno del Tribunal Constitucional, ha acordado por unanimidad, mantener suspendido el precepto de la Ley de Salud de Galicia que pretendía imponer la vacunación obligatoria.
El auto, cuyo ponente ha sido el Magistrado Andrés Ollero, es categórico y razona que la vacunación obligatoria no es una medida preventiva que aparezca contemplada en la Ley Orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública y supone una intervención corporal activa y practicada al margen de la voluntad del ciudadano, que ha de someterse a la vacunación, so pena de ser sancionado en caso de negativa injustificada a vacunarse.
Recoge también el Tribunal, que ello significa que aprecia que el levantamiento de la suspensión del precepto impugnado, sería susceptible de causar perjuicios irreparables o de difícil reparación, en la medida de que la vacunación puede imponerse en contra de la voluntad del ciudadano.
A la vista de esta decisión, tomada por unanimidad de los miembros del Tribunal Constitucional, queda clara la imposibilidad de imponer a ningún ciudadano tal decisión de vacunarse y desde luego defiende el paraguas de protección de derechos y libertades del ser humano, que por otro lado, se recogen en múltiples leyes y tratados internacionales.
