El PRC y PSOE, los dos partidos que gobiernan en Cantabria, se niegan a bajar los impuestos a los cántabros y han vuelto a tumbar las iniciativas de la oposición en este sentido en el Parlamento de Cantabria.
Así ha ocurrido este lunes en la sesión del Parlamento regional a iniciativas de PP y Vox, tres de ellas en las que pedían bajar impuestos y deflactar el tramo autonómico del IRPF para paliar el aumento de la inflación, y una cuarta para agilizar el pago de las ayudas para la rehabilitación de vivienda.
Así, el PP pedía al Gobierno de Cantabria instar al de España a deflactar la tarifa del IRPF ajustando sus parámetros a la evolución de la inflación y a la capacidad económica real de los contribuyentes, a la vez que rebajar un punto el tipo impositivo del impuesto en todos los tramos de la escala autonómica-
También una proposición no de ley que pedía que se apruebe ya el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 y que se resuelvan los expedientes pendientes de las ayudas enmarcadas en el Plan de Vivienda de Cantabria.
Mientras, Vox ha presentado dos iniciativas, una para a deflactar en un 10% el tramo autonómico del IRPF y otra para rebajarlo en un punto y aplicar otras reducciones y bonificaciones en más impuestos, como el de Patrimonio o Sucesiones, esta última sólo ha contado con su voto a favor, mientras que las del PP la del IPRF de Vox, contó con los votos favorables de toda la oposición (PP, Cs y Vox).
Ante la negativa a bajar impuestos por parte del Gobierno PRC-PSOE, la oposición está segura que la anterior consejera de Economía fue «cesada» y no dimitió por querer llevar a cabo una bajada de impuestos con la que no estaría de acuerdo el Gobierno de Pedro Sánchez y por ello, cuando «se entera», los dos partidos de Gobierno en Cantabria «se cuadran» y «se cargan a la consejera», han señalado los populares.
Por su parte desde el PRC y el PSOE creen que lo que buscan los partido de la oposición es un «ataque directo y demoledor al estado de bienestar» con iniciativas que «sacan a la luz sus verdaderas intenciones, que no son otras que recortar prestaciones y privatizar servicios públicos».
Desde los partidos de Gobierno tienen claro que la propuesta de rebaja fiscal es «inviable» e «irresponsable», y «no beneficia en nada» a los contribuyentes con rentas inferiores a los 12.000 euros, y si tendría un impacto en las arcas del Gobierno que reduciría en 44 millones de euros la la recaudación, algo que «debilitaría» servicios públicos como la sanidad o la educación.
