Por Luis Mayo
De forma lenta y ordenada el gobierno autonómico va completando su organismo. Tras los altos cargos ahora llega lo importante: la estructura funcionarial. Por el momento en el departamento de economía, ante la ausencia de economistas, se deja el control en manos de abogados. Lo que se sabe es que quienes de verdad controlarán la consejería serán lo funcionarios veteranos, los que colocó el anterior gobierno.
La primera pista ya está a la vista: La investigación sobre lo ocurrido en Obras Públicas, con uno de los responsables en la cárcel, se limitará a los últimos cuatro años y además, será meramente procedimental.
Es decir, para verificar que los documentos están en regla, pero no para ir más allá de averiguar si los trámites se hicieron bien. Además, sólo cuatro años de investigación lo que impedirá saber la profundidad de lo ocurrido.
En medios próximos al PP de Cantabria se han encendido algunas alarmas, porque parece que los cambios se van a limitar a la parte política y que serán los funcionarios elevados a jefaturas por el PRC y el PSOE quienes sigan con el control real.
Dos cuestiones se señalan como síntomas: el retraso en la eliminación de los impuestos de sucesión y patrimonio y la limitación a cuatro años de la comisión sobre el caso de carreteras.
