Más de 1.700 personas fallecieron mientras formaban parte de las listas de espera sanitaria en Cantabria durante el anterior Gobierno formado por el PRC-PSOE, según los datos aportados por el consejero de Sanidad, César Pascual, este miércoles en comisión parlamentaria.

Pascual, además, ha señalado que otros 7.000 pacientes estaban «pendientes de cita, no se sabe para qué» y se «sospecha» que pueden estar repetidos, datos que han llevado a la asociación Defensor del Paciente ha pedir a la Fiscalía que lo investigue de forma minuciosa.

Para el Consejero de Sanidad, los datos que ha aportado son un claro ejemplo de la «mala gestión» de las listas de espera sanitarias del Gobierno PRC-PSOE, «infladas», en algunos casos.

Para el Defensor del Paciente, que «más de 1.700 personas» hayan fallecido en Cantabria mientras estaban esperando atención sanitaria es algo de «extrema gravedad» que podría ser constitutivo de un delito «de dejación de funciones», por lo que ha pedido a la Fiscalía que lo investigue, de forma minuciosa.

 Plan Integral de Listas de Espera

El consejero de Salud, César Pascual, ha presentado en el Parlamento el Plan Integral de Listas de Espera que el Gobierno regional va a poner en marcha «para afrontar un difícil y complejo problema en Cantabria como es el de las listas de espera» y reducir su incidencia en el ámbito quirúrgico, consultas externas y pruebas diagnósticas y terapéuticas. Un documento, ha añadido, que se remitirá esta semana a la Cámara.

Unos objetivos iniciales para esta legislatura que ha cifrado en 135 días para la lista de espera quirúrgica; 70 días en lista de espera para primeras consultas, con excepción de los procesos oncológicos que tienen un carácter prioritario y un máximo de 10 días; y 45 días para lista de espera de técnicas o pruebas.

Aunque ha reconocido que no va a ser fácil, ha asegurado que «con este plan creo que podemos cubrir los objetivos que nos hemos marcado».

El consejero ha explicado que los objetivos del Plan se han fijado analizando la demanda y las necesidades existentes, y calculando la actividad necesaria en cada uno de los hospitales para alcanzar estas cifras, tanto en la actividad ordinaria como extraordinaria y concertada.

Por este motivo, ha señalado, para reducir las listas de espera durante el despliegue de este Plan Integral será necesario llevar a cabo en un plazo de tres años 24.100 intervenciones quirúrgicas más, 61.000 consultas más y 71.000 pruebas diagnósticas más.

A nivel económico, el consejero de Salud ha señalado que el Plan está dotado. con un presupuesto de 55 millones, ampliable a 65 millones al contar con 5 millones de euros adicionales a partir del segundo año para cubrir la productividad variable asociada a los objetivos del contrato de gestión.

Pascual ha desglosado este presupuesto, indicando que el capítulo uno dedicado a los profesionales abarca el 30%, ampliable hasta el 47% con los 5 millones adicionales por año. El capítulo dos, ha comentado, significa un 46% del presupuesto. y el capítulo seis de inversiones un 7%.

En su intervención, también ha agradecido «el enorme esfuerzo» de los profesionales y de los equipos directivos de las gerencias de Atención Primaria y los centros hospitalarios para afrontar el problema de reducir las listas de espera.

Líneas estratégicas

En cuanto al desarrollo del Plan, el consejero de Salud ha indicado que se articula en una serie de líneas estratégicas que incluyen diferentes medidas.

La primera de ellas es mejorar la organización y la gestión, con cinco medidas relacionadas con el seguimiento estructurado de las listas de espera, el análisis de la demanda y la oferta asistencial que pueden dar los hospitales, el establecimiento de un registro unificado de lista de espera que actualmente no existe en Cantabria, el registro y codificación adecuada de los pacientes en lista de espera y la determinación e identificación mensual de la población diana con nombres y apellidos.

La mejora de la organización institucional centra la segunda línea estratégica, incluyendo la mejora de la organización de la gestión de listas de espera mediante la centralización en los servicios de admisión, y la mejora de los registros, los sistemas de información y la gestión administrativa.

La tercera línea estratégica se refiere a la actividad y contempla como medidas: definir los criterios de indicación y priorización, contar con un instrumento común de gestión de listas de espera quirúrgica, elaborar un catálogo centralizado de procedimientos quirúrgicos priorizados, definir los procesos graves que deben contar con protocolos o guías clínicas específicos, potenciar la cirugía mayor y menor ambulatoria, protocolizar los procesos preoperatorios y adaptar los consentimientos informados a la normativa.

La cuarta línea estratégica es sobre optimización y eficiencia en el uso de los recursos sanitarios públicos disponibles, con medidas como el análisis de las suspensiones quirúrgicas para saber las intervenciones que se suspenden y sus casusas, la ampliación de la jornada de actividad quirúrgica efectiva a jornada ordinaria y la optimización del equipamiento y las infraestructuras quirúrgicas.

La optimización de la hospitalización quirúrgica; la participación de Atención Primaria en cirugía menor ambulatoria; potenciar los programas de cirugía menor ambulatoria que pueda hacer la atención primaria; la implantación de sistemas de retribución variable por cumplimiento de objetivos; y la implantación de pactos de gestión en todos los centros, son otras medidas de esta cuarta línea.

La mejora de la gestión de información de las listas de espera centra la quinta línea estratégica, contando con un catálogo centralizado y protocolos administrativos para elaborar las agendas de consultas externas y pruebas diagnósticas.

La sexta línea estratégica es la adecuación de la demanda y la optimización de los rendimientos de consultas y pruebas. Dentro de las medidas figura la actuación sobre la variabilidad clínica injustificada en consultas y pruebas diagnósticas; optimizar y mejorar la eficiencia de los recursos, establecer un sistema de retribución variable para favorecer la accesibilidad,  el establecimiento de criterios de seguridad y eficacia en la asistencia y el impulso de un nuevo modelo de atención y gestión ambulatoria en consultas y en pruebas diagnósticas que permita potenciar la consulta de acto único, entre otros aspectos.

La mejora de la gestión clínica y la complementariedad de los centros concertados y la de garantía de información a los ciudadanos sobre las listas de espera recogen las dos últimas líneas estratégicas.