Carlos Cortina, exalcalde de Astillero, ha señalado directamente al interventor municipal como el responsable de la contratación de la empleada municipal porque según el fue el «unico» que intervino en el proceso de selección.

El exalcalde del PP ha señalado que «nadie nos dijo nunca que había cobrado algo indebidamente» en la contratación de la empleada en el juicio que se está llevando a cabo en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial donde el fiscal pide diez años de inhabilitación para cargo público para empleo o cargo público por un supuesto delito de prevaricación administrativa.

En la vista también ha declarado la trabajadora implicada, para la que el ministerio público pide un año de cárcel y multa de 160.000 euros por tráfico de influencias, así como una indemnización de 98.749 al Ayuntamiento por 38 facturas giradas por ese montante entre enero de 2007 y abril de 2010, cuando cesó la relación contractual tras detectar el interventor una irregularidad en la contabilidad.

Todo proviene de la denuncia del secretario municipal, a la que se sumaron posteriormente PSOE e Izquierda Unida, en un juicio que ha arrancado con la decisión de la sala que sólo el Ayuntamiento ejerza la acusación particular, al verse perjudicado por la posible malversación de caudales públicos.

En su declaración, Cortina ha indicado que cuando él llegó a la Alcaldía de Astillero, a finales de 2016, la acusada ya estaba trabajando en el Consistorio, en un programa experimental y semestral de empleo subvencionado por el Gobierno de Cantabria.

En su relato, el exalcalde continuaba diciendo que en enero de 2017, la procesada continuó prestando servicios municipales, a partir de una estimación de gasto y en base a un nombramiento por procedimiento administrativo de la Junta de Gobierno Local con el objetivo de organizar la futura relación de puestos de trabajo (RPT), asunto del que no había «nada» hecho en esta administración local, y a iniciativa del interventor, que fue quien hizo la propuesta.

«No se la mandé yo al interventor, en absoluto» aseguró Cortina con rotundidad asegurando que no sabía qué titulación tenía ni a qué se dedicaba la acusada y que por ser precisamente una propuesta no aparecía el nombre de la persona que se iba a contratar en el acta en cuestión «no hay más misterio en esto».

Además, ha asegurado que puede «dar fe» de que la empleada en cuestión iba «todas las mañanas» al despacho que tenía en el Ayuntamiento y también «muchas» tardes y que «nadie se percató» de la situación en la que estaba hasta que el interventor revisó todos los contratos del Consistorio y detectó este y otro más, el de un ingeniero técnico.

Por su parte la trabajadora acusada ha corroborado que fue el interventor quien la propuso para el puesto enjuiciado, y que daba cuenta del trabajo realizado al secretario, «en todo momento» y que este le hacía propuestas o sugerencias, pero no tuvo ninguna advertencia de ilegalidades o repartos, «en ningún momento».