El Fiscal General de Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido que sean apartados los magistrados que integran la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo y por ello les ha recusado oficialmente al entender que estos mismos togados son los que han tumbado los dos nombramientos de Dolores Delgado.

En el primero de sus pronunciamientos sobre la nulidad del ascenso de Delgado, los magistrados expusieron que el fiscal general había actuado con desviación de poder al proponerla como fiscal de Sala de lo Militar del Tribunal Supremo en tanto que defendió una especie de promoción automática para su exjefa cuando este supuesto no lo contempla la ley.

Los magistrados reprocharán al Fiscal General que no suspendiera el Consejo Fiscal en el que se propuso el nombramiento de Delgado puesto que así lo pidieron la mayoría de los vocales que lo integran y tienen competencia para ello.

Ante esta situación el Fiscal General ha decidido recusar a todos los magistrados que integran esta Sección, una recusación se planteó días antes de que el alto tribunal resolviera sobre este segundo recurso contra el nombramiento de Delgado.

En su alegación, Álvaro García Ortiz, señala que estos magistrados están contaminados a la hora de decidir si esta falta de idoneidad porque le acusaron de desviación de poder, algo que se considera un movimiento «insólito» y que abre ahora la vía a que una Sala Superior estudie si concurre o no causa de recusación.

Si los magistrados declinan atender la petición de García Ortiz, como se prevé que pueda ocurrir, el asunto pasaría a manos de una Sala formada por el presidente del Tribunal Supremo (Francisco Marín Castán) además de los presidentes de las cinco Salas y el magistrado más antiguo y más moderno de ella, a esto se la conoce como ‘Sala 61’, atendiendo a que es ese el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula su formación para resolver, entre otros asuntos, los incidentes de recusación.