El digital EL ECONOMISTA, ha recogido un articulo firmado por Matthew Lynn, que recoge las consecuencias que a su juicio, se pueden producir debido a la reciente aprobación por el Congreso de Estado Unidos, de la llamada Ley de Reducción de la Inflación que a juicio del columnista tendrá un efecto contrario al pretendido.
Podría haberla llamado la Ley de Inmortalidad y Belleza Eterna para Todos. O quizás la Ley de Paz y Armonía Mundial. Pero dejando de lado esos dos, sería difícil pensar en un título más poco honrado para una norma que Ley de Reducción de la Inflación. El último «plan» del presidente Biden para rescatar a la economía estadounidense, y tal vez incluso a la mundial, de los estragos de la subida de los precios fue finalmente aprobado por el Senado, desatando una avalancha de nuevos gastos en subvenciones a la energía verde y a la sanidad.
El problema es que no va a hacer nada para reducir la inflación, y ni siquiera lo intenta. En su lugar, es una repetición del gasto salvaje que Joe Biden lanzó en 2021 y que llevó a la economía mundial a su actual desastre.
Avivará aún más la demanda, obligando a la Federal a subir más los tipos de interés; sus mayores impuestos a las empresas obligarán a bajar la inversión y dañarán el mercado de valores; y empujará la rápida escalada de la relación entre la deuda y el PIB de Estados Unidos hacia niveles italianos.
La triste realidad es que el peor presidente de los últimos cincuenta años está a punto de volver a hundir la economía mundial, y estamos a punto de asistir a una Biden Quiebra 2.0. La ley nos devuelve al Joe Biden de 2021, el de los impuestos y el gasto.
No en vano compromete al Gobierno a un gasto adicional de 739.000 millones de dólares. De esa cantidad, unos 300 millones se destinarán a subvencionar los costes de la sanidad, mientras que el resto se gastará en la lucha contra el cambio climático, con el objetivo general de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 por ciento para 2050.
Es el tipo de iniciativa que le hubiera gustado a Boris Johnson. ¿Cómo se pagará todo esto? Habrá un nuevo impuesto mínimo para las empresas, un nuevo gravamen sobre la recompra de acciones y una campaña contra la evasión por parte de la Agencia Tributaria.
Por supuesto, no hay nada necesariamente malo en las subvenciones adicionales a la sanidad. Es cara e incluso con las reformas de Barack Obama la cobertura para los estadounidenses más pobres es a menudo escandalosamente mala.
Y la lucha contra el cambio climático es una causa que merece la pena, incluso si gran parte del plan viene con un montón de proteccionismo descerebrado incorporado (¿hay alguna diferencia para el clima si su nuevo coche eléctrico se fabrica en Estados Unidos o en Corea del Sur?) Sin embargo, hay un problema, y no es precisamente menor. No va a hacer nada para reducir la inflación; de hecho, la empeorará mucho. He aquí el motivo.
En primer lugar, va a avivar inevitablemente la demanda cuando la inflación aún está por encima del 8%. Mientras que los precios europeos se han disparado por la guerra de Ucrania, no es el caso de Estados Unidos.
Este país es autosuficiente en petróleo y gas, y también en cereales (de hecho es un gran exportador de trigo). La guerra no ha supuesto ninguna diferencia para Estados Unidos. En cambio, la inflación fue provocada por el gasto desenfrenado de Biden el año pasado, cuando enviaba cheques de 2.000 dólares a todo el mundo, y la disposición de la Reserva Federal a financiarlo con dinero recién impreso.
Si el gobierno vierte otros 739.000 millones de dólares de estímulo en una economía con pleno empleo y una inflación galopante, la Fed no tendrá más remedio que subir los tipos de interés de forma más agresiva, o dejar que los precios se descontrolen por completo.A continuación, impone una nueva y enorme ronda de impuestos a las empresas.
El «impuesto mínimo» es en realidad un aumento encubierto, ya que se impondrá a las empresas con independencia de las deducciones estándar por inversión o I+D o cualquier otro gasto o desgravación general. Además, impone un nuevo gravamen del 1 por ciento a las recompras de acciones.
