El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti, ha denunciado hoy que la fiscalidad del Gobierno de España y la «inestabilidad regulatoria» del Ejecutivo de Pedro Sánchez están poniendo en peligro la viabilidad de inversiones estratégicas para Cantabria como la ampliación de la central de bombeo de Aguayo, proyecto impulsado por Repsol con más de 600 millones de euros de inversión.
Arasti ha realizado estas afirmaciones después de que Repsol advirtiera ayer con sacar sus proyectos industriales de España por la intención de PSOE y Sumar de hacer permanente el impuesto a las energéticas.
Tal y como afirmó el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, este gravamen «podría condicionar los futuros proyectos industriales de Repsol en España», al considerar que «castiga» a las compañías que invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética, y «favorece a los importadores que no generan empleo ni actividad económica relevante en España».
El consejero destaca que el proyecto de Repsol para la ampliación de la central de Aguayo no sólo es clave para la Comunidad Autónoma sino que se trata de una infraestructura crucial para los objetivos de descarbonización.
Incluso la Comisión Europea lo considera estratégico y ha propuesto su inclusión en la lista de Proyectos Europeos de Interés Común (PCI), con las importantes ventajas que ello conlleva en términos de acceso a financiación europea, ha enfatizado.
Conocido como «Aguayo II», el proyecto tiene un presupuesto cercano a los 636 millones de euros, «con lo que estamos hablando de la mayor inversión de la historia de Cantabria», ha subrayado el consejero.
El objetivo es incrementar en 1 gigavatio (GW) la capacidad instalada de la actual central de bombeo y elevarla hasta un total de 1,4 GW, convirtiéndose en la segunda más grande de España de sus características.
El consejero ha destacado que la ampliación de la central de Aguayo fomentará el desarrollo industrial y el empleo en la región, con puntas de un millar de personas en las obras, y será un revulsivo extraordinario para la economía de Cantabria, por lo que ha reclamado al Gobierno de España que no ponga en riesgo su viabilidad con decisiones regulatorias que crean inseguridad y falta de estabilidad.
Arasti ha advertido que este proyecto corre un serio peligro si llegara a consumarse el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar por el que se mantendría el impuesto extraordinario a las energéticas, que inicialmente se puso en marcha para un marco temporal de dos años.
