Por Marcelino Pérez
Las secuelas económicas de la pandemia del Covid-19 no han hecho más que empezar. A los severos daños causados en el tejido económico regional-fuerte caída del PIB, desabastecimiento, inflación… ahora llegan los juzgados y con la anulación de las medidas restrictivas del gobierno regional a los hosteleros se abre la etapa de la reclamación de bares, restaurantes y hoteles.
La cascada de indemnizaciones puede suponer, si los tribunales aceptan las peticiones de los propietarios, una gran cantidad de dinero, muchos millones de euros que deben salir de las arcas públicas.
Quienes tomaron medidas restrictivas y se equivocaron no van a responder con su dinero o sus bienes, no. Los euros para resarcir a los hosteleros de un cierre ilegal saldrán del dinero de los impuestos de todos los cántabros.
La hostelería se queja, con razón, de que en esta pandemia han sido el chivo expiatorio y que es posible equilibrar las medidas de contención de la pandemia con mantener abiertos y con menos restricciones bares, restaurantes, cafeterías y hoteles.
El ejemplo de Madrid es evidente: Con muchas menos limitaciones de aforo y con más libertad los datos de la pandemia son iguales o mejores que la media española.
El gobierno recurrirá la sentencia que anula sus medidas antipandemia, pero realmente existen pocas posibilidades de que otras instancies cambien unos dictámenes bien fundamentados.
Por el momento el Gobierno de Cantabria, y en especial su consejero de Sanidad, mantienen silencio sobre el dinero que habrá que pagara a los hosteleros en concepto de indemnización.
