La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha recurrido ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, el nombramiento del Fiscal General de Estado, Álvaro Ortiz, al entender que no es idóneo para ocupar su puesto, sobre todo tras la sentencia del alto tribunal en la que se le atribuye «desviación de poder» por el nombramiento a Dolores Delgado como fiscal de Sala Togada de lo Militar..

En se demanda acusan al Fiscal General de mostrarse «descaradamente parcial» en su apoyo al Gobierno a la par que había omitido cualquier obligación debida a la institución y los fiscales «faltando el respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de algunas de sus potestades decisorias».

Creen que su «falta de idoneidad» viene motivada por la «reiterada sucesión de errores jurídicos, despropósitos, omisiones graves en el desempeño de las obligaciones derivadas del cargo» y fruto de la «línea abiertamente progubernamental» acreditada «en el ejercicio de sus funciones».

Todo ello según la AFI sirve «para justificar la no renovación de un cargo cumbre y fundamental en un estado de derecho como el español, pero es que además, no se ha tratado, ni mucho menos de un hecho aislado, tal como recoge el informe contrario a su idoneidad que emitió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por vez primera en democracia».

No solo eso, además, «hay otro nombramiento pendiente de deliberación y sentencia realizado por el actual FGE en la Sala Tercera del Alto Tribunal, hay en el momento actual una querella dirigida contra el Fiscal General en estudio de admisión por la Sala Segunda del Tribunal Supremo y otra querella se ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra unos fiscales que, según se informa en los medios de comunicación, actuaron por instrucciones del propio Fiscal General» en la revelación de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso, según reza en el escrito.

«Es más, teniendo en cuenta que nuestro Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su artículo 29, exige que el candidato debe ser jurista de reconocido prestigio, tal requisito, si bien podría haber concurrido en Álvaro García Ortiz, decae desde el momento que ha sido condenado por el Tribunal Supremo. Por tanto, a nuestro juicio, el nombramiento no es conforme a ley«, indican.