El auto del pasado viernes de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), ha dejado en una situación muy delicada al Consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), al recordarle el máximo órgano jurídico cántabro que «en un estado de derecho, las decisiones de la Sala son de obligado cumplimiento».

En su primera resolución, donde los hosteleros habían recurrido el horario de las 22,30 horas impuesto por Sanidad, que posteriormente, una vez interpuesta la demanda, amplió hasta las 01,00 horas, el TSJC, dejó claro en su resolución que podrían cerrar en función de la licencia que tuviera cada uno de los establecimientos.

Conocida dicha resolución al mediodía del miércoles 19, el Consejero de Sanidad, publico a última hora de ese mismo miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), la obligación para los establecimientos de hostelería de cerrar a la 01,00 horas, desoyendo el auto del TSJC, en un acto que rozó la prevaricación, teniendo en cuenta que prevaricar consiste en «Faltar conscientemente [un funcionario] a los deberes de su cargo al tomar una decisión o dictar una resolución injusta, con plena conciencia de su injusticia».

Parece claro que Miguel Rodríguez, conocía la resolución del TSJC donde dejaba claro que los establecimientos hosteleros podrían abrir hasta la hora que cada uno tenga en su licencia y que sabiéndolo esa misma tarde del miércoles 19 dictaba un nuevo decreto el BOC, obligando al cierre a la 01,00 horas, es decir dictó una resolución a sabiendas que era injusta con plena conciencia de su injusticia. ¿esto se puede entender como prevaricación?.

El propio TSJC, en su auto del viernes le da un serio «tirón de orejas» a Miguel Rodríguez, al señalar que «es evidente que la finalidad de la modificación en este concreto punto es la de, si no incumplir, al menos atenuar los efectos» de la anterior resolución judicial del TSJC.

Insiste el auto en reprimir la acción del Consejero de Sanidad indicando y recordándole que «en un estado de derecho, las decisiones de la Sala son de obligado cumplimiento».

Fuentes jurídicas consultadas por CantabriaPress.com, apunta a que si no es un acto de prevaricación se acerca tanto que lo llega a rozar, ya que dicta una decreto en contra del auto del TSJC cuando ya conocía la resolución judicial.

Por lo hechos, da la sensación de un claro desprecio a la Justicia cuando esta no es le es favorable como las seis veces anteriores que el TSJC rechazó la petición de los hosteleros cántabros.

Miguel Rodríguez ha quedado en evidencia ante el Alto Tribunal cántabro, aunque en el Gobierno parece que a nadie va tomar nota de esta situación y a pedir responsabilidades al Consejero de Sanidad, que por otro lado ha sido muy cuestionado su trabajo y sus decisiones a lo largo de este periodo de pandemia.

La Oposición parece callada de momento ante un hecho que parece bastante grave como es el de querer saltarse una resolución judicial y habrá que esperar a ver si algunos de los grupos que la forman piden explicaciones o el cese del Consejero por una actitud impropia de un alto cargo de la administración pública.