Está claro que Pedro Sánchez, está dispuesto a todo con tal de seguir en La Moncloa, y así lo ha vuelto a demostrar tras modificar de nuevo la ley de Amnistía, en la que ha incluido por exigencias de Puigdemont y los independentistas catalanes, el terrorismo, la traición y la malversación, pasando por encima del Código Penal y de la propia Constitución española, que será aprobada esta mañana en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

Las famosas «líneas rojas» que hace apenas unas semanas aseguraba el Gobierno y Pedro Sánchez, está claro que no existen y eso de que «El PSOE ha tomado una decisión. Una posición firme y clara. Y así seguirá siendo. No tenemos previsto hacer ninguna modificación», que afirmaban desde las filas socialistas, una vez más ha vuelto ha quedar en aguas de borraja.

La solución al bloqueo inicial de la Ley de Amnistía tas ser rechazada por Junts e el Congreso, ha sido la de vincular el delito de terrorismo a la definición propia de la normativa europea, que supuestamente más suave que la que figura en el Código Penal español y salvar así que el Supremo pueda imputar a Puigdemont por terrorismo.

Para ello, en ese filtro que han puesto establecen que no podrán amnistiarse los actos terroristas “que hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos” regulados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como tampoco serán amnistiables los que se consideran terrorismo por sus fines en la directiva de la UE de 2017, aunque como siempre el resultado dependerá de la lectura que determinen los jueces.

Con el delito de traición han hecho algo parecido ante la amenaza rusa a Puigdemont con el caso «Voloh» que se está investigado en los juzgados por contactos del independentismo con Rusia, al incluir en esta nueva Ley de Amnistía que no podrán ser amnistiado «los delitos más graves de terrorismo en lo que haya torturas, traición o contra la independencia de España», así como «la corrupción que suponga enriquecimiento personal», y se hará a través de una enmienda pactada entre las tres formaciones (PSOE, Junts y ERC) a partir de las que quedaron vivas en el dictamen y que tendrá validez desde  noviembre de 2011 para incluir investigaciones del Tribunal de Cuentas.

Todo con el propósito de poner «fin de las condenas y causas pendientes por el proceso independentista, con el fin de que la restauración de la convivencia sea completa«.