La oposición encabezada por el PSOE y el PRC, en al Ayuntamiento de Santander han salido en tromba a criticar y pedir dimisiones en el equipo de Gobierno del PP, tras conocerse la sentencia que obliga al Consistorio santanderino a pagar 2,2 millones de euros más intereses valorados en 600.000 euros a la anterior concesionaria de Parque y Jardines la UTE Jardines de Santander.

El portavoz del PSOE, en el Ayuntamiento, Daniel Fernández, ha exigido dimisiones en el equipo de Gobierno del PP ante la «cadena de errores políticos»  del contrato firmado con la empresa adjudicataria.

Para Fernández, en un comunicado, señala que esta cantidad que hay que abonar es una «hipoteca» de cerca de 3 millones de euros, cantidad semejante a las partidas del servicio de asistencia a domicilio de personas mayores y por eso pide «que se depuren responsabilidades políticas al más alto nivel». 

Por su parte el portavoz del PRC, en el Ayuntamiento santanderino, Felipe Piña, cree que es «demoledora» la «nueva» condena dictada contra el Consistorio, que demuestra la «incapacidad» del equipo de gobierno del PP.

Y es que según Piña «los santanderinos vamos a tener que aportar 3 millones de euros de nuestros bolsillos para que el Ayuntamiento pueda solucionar sus problemas con las empresas que han realizado los servicios de parques y jardines».

EL PP NIEGA EL SOBRECOSTE

El Partido Popular, ha negado que esta cantidad vaya a suponer un sobre coste para Santander ya que la sentencia de Parques y Jardines conmina a devolver las deducciones de las facturas.

El Ayuntamiento de Santander ha aclarado que la sentencia conocida ayer del juzgado de lo contencioso número 2 sobre la anterior adjudicataria del servicio de Parques y Jardines, la UTE Jardines Santander, conmina a devolver las cantidades retenidas que se aplicaron a las facturas de los años 2019 a 2021 en base al informe de control financiero de Intervención.

De esta forma, el Consistorio ha precisado que el auto, que no es firme, obliga a devolver esas retenciones que se aplicaron por responsabilidad, fruto de informes del servicio económico municipal que evidenciaban que no se estaba llevando a cabo el cumplimiento estricto del servicio.

El Ayuntamiento debe velar por los intereses económicos de todos los santanderinos y si existe un informe de control financiero con datos objetivos detectados por Intervención tiene la obligación de actuar, ya que se trata de una decisión justificada en un expediente y nunca atendiendo a criterios caprichosos o arbitrarios.

Desde el Consistorio santanderino se mantiene la firmeza en la exigencia del cumplimiento de los contratos que las empresas mantienen con la Administración local para la prestación de los diferentes servicios. Por eso se adoptarán todas aquellas medidas que, de acuerdo a lo que establezcan los diferentes departamentos técnicos municipales, haya que poner en práctica para asegurar la prestación con las máximas garantías y estándares de calidad de los servicios públicos en la ciudad.

Los servicios jurídicos municipales van a analizar exhaustivamente la sentencia, lo que permitirá que en los próximos días el equipo de gobierno realice la pertinente valoración.

No obstante, el Ayuntamiento ha lamentado la postura destructiva de la oposición, que únicamente se limita a criticar toda la gestión municipal sin aportar alternativas, cuando precisamente esta sentencia constata que se ha ejercido con rigor esa tarea de controlar el cumplimiento de los contratos firmados por el Consistorio con empresas externas.

Según el Ayuntamiento, la oposición parece desconocer que existen unos sistemas muy rigurosos del control del gasto municipal y, ante la mínima duda de que un servicio no cumpla con sus obligaciones contractuales y siempre que existan informes técnicos que lo justifiquen adecuadamente, se debe