En artículos precedentes, especialmente a raíz de la precipitada apuesta de Sanchez al convocar elecciones generales tras el varapalo de las municipales, cuando los medios presagiaban una holgada victoria para la derecha (PP – VOX), yo advertía que el candidato del PSOE no daba puntada sin hilo, y por tanto nos llamó a votar a los españoles confiado en la flojedad del candidato Feijoo, apuesta que le salió redonda, pues a pesar de que no fue -técnicamente hablando- ganador, sus aliados naturales (izquierda, ultraizquierda y nacionalismos), le pueden seguir manteniendo al frente del país. 

Decía también que caminamos al bipartidismo, y a los hechos me remito: “ciudadanos” ya está fuera de escena, “Podemos”  prácticamente también, “Vox” (dije que se iría diluyendo, y el resultado asi lo indica), y el invento  de “Sumar” es una facción del PSOE que acabará fagocitada por dicho partido. 

Por tanto, la historia se repite una vez más desde hace 30 años, pues desde el año 2003 las mayorías simples tanto del PSOE como del PP, han venido siendo sustentadas por los nacionalismos vasco y catalán con unos peajes muy altos, socavando desde entonces los cimientos del Estado, circunstancia que vuelve a repetirse tras el 23J. 

El pasado domingo, en Diario El País, se hacia eco de esta ecuación destacando que estas minorías habían permitido a catalanes y vascos con sus votos decisivos para obtener más “autogobierno, financiación e indultos para sus dirigentes.” 

Por el “aro de los nacionalismos” pasaron en Julio de 1993 el mismísimo Felipe Gonzalez, al que doblegó Pujol para la cesión del 15% IRPF; Aznar en Mayo de 1.996, con el Pacto del Majestic, asignando a la Generalitat competencias en puertos, trafico y otras materias trascendentales, y en idéntica línea continuaron Zapatero en dos ocasiones, una entre 2004 y 2006 pactando con Artur Mas el nuevo Estatuto Catalán, y en 2009, cuando este “incapaz” hablaba de federalizar las autonomías y desde las lecciones de Derecho Constitucional cuando estudiaba en León no hicieron mella en su (escaso) intelecto. Más recientemente Pedro Sanchez entró en Moncloa a cambio de la modificación del delito de sedición,  malversación e indulto para los 8 nacionalistas condenados, entre otras muchas materias de todo tipo. 

Lo dramático del caso es lo poco que hemos aprendido de estas concesiones a lo largo de tres décadas, donde los candidatos de turno priorizaban su “ego presidencial”, con tal de que no accediera su oponente adelgazando  aún a costa de ceder parcelas importantes de la soberanía. 

En estos momentos el escenario es el mismo, Pedro Sanchez, si quiere seguir en poder (y está claro que quiere), dadas las circunstancias, va a tener que pagar un alto peaje al Pais Vasco y Cataluña. A los primeros más dinero y autogobierno, y a los segundos, además, el demandado referéndum entre una lista interminable de concesiones (embajadas propias, selección, etc.), reformas constitucionales, y la supresión de la Corona. 

La culpa de esta situación, que solo cabe tildarla de dictadura o “tiranía nacionalista”, es achacable exclusivamente a los dos grandes partidos: PSOE y PP, como resulta meridianamente claro de la secuencia anteriormente descrita. 

En mi opinión, y dadas las circunstancias actuales, pero sobre todo la experiencia de todos estos años, creo que en el actual escenario, los dirigentes de ambas fuerzas políticas si tienen un mínimo de cordura, “sentido común” y lo más importante, “sentido de estado”, es momento inaplazable para consensuar para este país un Gobierno estable, dejando que gobierne la lista más votada, en este caso el Partido Popular,  a condición de pactar un programa de Gobierno (o de Estado, en aspectos clave como la sanidad, educación, económica, empleo y políticas sociales), pero sobre todo sentar unas bases y una serie de puntos que  garanticen la gobernabilidad, la estabilidad y reforzar el Estado de Derecho. 

Para ello será preciso modificar una serie de leyes, especialmente la Ley Electoral, en la que se impida que fuerzas minoritarias nacionalistas, especialmente las inconstitucionalitas, puedan decidir con su escasa representación los designios del Estado Español, trastocando las reglas democráticas pero especialmente la Constitución. No lo verán mis ojos.