El Congreso ha aprobado el uso obligatorio de mascarillas para las personas de seis años en adelante en cualquier espacio cerrado o al aire libre de uso público o que se encuentre abierto al público, así como en los medios de transporte públicos, en la sesión llevada a cabo este martes en el Congreso de los Diputados, camuflándola en una votación junto con la aprobación de la paga extraordinaria a los pensionistas.

El texto también establece las excepciones a esta obligatoriedad, como puede ser durante la práctica de deporte individual o de actividades en el exterior, siempre que se mantenga una distancia mínima de 1,5 metros con otras personas no convivientes.

La mayoría de los partidos políticos han afeado al Gobierno la treta utilizada para aprobar la obligatoriedad del uso de las mascarillas en el exterior incluyendo en el mismo decreto la convalidación de la denominada ‘paguilla’ a los pensionistas.

Ciudadanos ha acusado al Gobierno de cometer «un fraude en el proceso legislativo» por incluir en este decreto el tema de las pensiones. «Y por ahí no vamos a pasar, no vamos a caer en el engaño», ha recalcado Bal. 

Darías, ha avanzado que la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores por la sexta ola de la pandemia de la covid-19 es «estrictamente temporal» y que «está más cerca» su retirada.

No están obligadas a llevar mascarilla las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla.

Al margen del uso de la mascarilla, el decreto contiene sendas disposiciones sobre otros asuntos. La primera faculta a los profesionales de la medicina y la enfermería jubilados pero contratados en centros sanitarios públicos y privados con motivo de la pandemia a poder compatibilizar esas tareas con su pensión durante todo este año.

Asimismo, permite de forma temporal y transitoria, contratar a especialistas en Ciencias de la Salud con títulación obtenida fuera de la UE. Además, el decreto ley prevé la actualización del IPC de las pensiones no contributivas, mínimas o de viudedad, entre otras, mediante un único pago que los beneficiarios tendrán que percibir antes del 1 de abril de este año.

La Constitución da un plazo de 30 días hábiles para que la Cámara ratifique los decretos ley, que están vigentes desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero si no reciben el aval del Pleno del Congreso, quedan derogados.

El Congreso debía pronunciarse sobre el relativo a las mascarillas como máximo el día 1 de febrero. Por eso el debate se ha incluido en el orden del día del Pleno de este martes y no se ha podido esperar a debatirlo el jueves, cuando tradicionalmente se discuten las iniciativas de este tipo, y cuando, de hecho, se debatirán otros dos, entre ellos el relativo a la reforma laboral.