La Junta de Personal de Gobierno de Cantabria ha denunciado la utilización por parte del vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga (PSOE) de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD) como «pantalla» para la contratación de empresas externas con el fin de aportar personal administrativo para gestionar las ayudas a sectores afectados por las restricciones del COVID-19.

La Junta, en un comunicado, en el que ha pedido a Zuloaga la suspensión del procedimiento iniciado ya a principios de enero por la SRECD para contratar, mediante procedimiento abierto y con tramitación urgente, servicios de asistencia técnica de apoyo administrativo para la Sociedad en aquellas actuaciones que, con carácter excepcional, deban realizarse en adopción de medidas de apoyo al sector cultural, deporte y juventud, para hacer frente a la situación generada por el coronavirus.

Esta gestión dispone de un contrato, cuyas bases se publicaron el 7 de enero, es de un año de duración y tiene un presupuesto que supera los 200.000 euros para ayudas a estos sectores afectados.

Según la nota enviada por la Junta, esta tarea imponía la necesidad de disponer de personal auxiliar de forma inmediata para colaborar en las tareas administrativas necesarias para gestionar las solicitudes que puedan presentarse, con la finalidad de dar una respuesta rápida a cada uno de los interesados, atendiendo al interés público que ello supone en la actual situación derivada de la pandemia.

Una vez finalizado el proceso de valoración de las ofertas presentadas por los licitadores, la empresa mercantil Nortex Outsourcing ha sido la que ha obtenido la mayor puntuación en el proceso, señala la Junta en su nota.

Durante la primera convocatoria la SRECD no hizo empleo de la subcontratación a empresas externas, pero con la segunda convocatoria tanto la SRECD como la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte que dirige Pablo Zuloaga «eran conocedoras» de que con sus propios medios la Sociedad «no podría hacer frente a la gestión de esta ayuda» puesto que, según ha indicado, «sólo mediaron 7 días entre la publicación del Decreto y el anuncio del procedimiento de licitación».

Sostiene la Junta que, pese a que en estos decretos se afirma que la gestión de estas subvenciones está directamente relacionada con el objeto social de la SRECD, «lo cierto es que poco tiene que ver la gestión de ayudas directas al sector con objeto de paliar los efectos económicos de la pandemia con los objetivos de esta Sociedad Regional», añadiendo que «la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte ha derivado la gestión de estas subvenciones directas al sector a una Sociedad que no tiene entre su objeto social dichas funciones«.

Ante esta situación, la Junta se ha dirigido a Zuloaga para denunciar lo que considera una «conducta ilegal y reprochable» de su Consejería, al emplear la pandemia como «excusa para encomendar a una Sociedad carente de medios propios la gestión de subvenciones» considerando que se ha utilizado la SRECD «pantalla» para destinar fondos públicos a la contratación de empresas privadas con el objetivo de realizar tareas puramente administrativas, suplantando a la Administración General y sus funcionarios en dichas tareas».

En la misma nota, la Juta tacha esta situación de «irresponsable» por parte de Zuloaga y señala que se utiliza para ocupar puestos de trabajo de la Administración General del Gobierno de Cantabria, a los que se acede por el procedimiento habitual de la administración, que «son suplantados por empresas privadas a los que sufragamos el sueldo de sus trabajadores con dinero público».

Por último, la Junta ha pedido a Zuloaga que se proceda a la suspensión del procedimiento de licitación iniciado y se empleen dichos recursos en la contratación de empleados públicos respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, haciendo posible la gestión de estas subvenciones desde la Administración General de Gobierno de Cantabria y no a través de Sociedades Regionales obligadas por manifiesta falta de capacidad a subcontratar a empresas privadas, como se ha hecho en este caso por parte del Vicepresidente del Gobierno.