La empresa privada que gestiona el servicio público del agua del Ayuntamiento de Santander, FCC–AQUALIA, verá reducido sus ingresos en 5,5 millones de euros como consecuencia de los informes de los servicios municipales de Recaudación e Intervención ante el incremento de los ingresos de la concesionaria y la disminución de las obligaciones de inversión al modificar el Ayuntamiento el contrato en 2012 para eliminar el canon mínimo de 40 metros cúbicos y establecer el consumo real.

Esta modificación produjo el desequilibrio económico del contrato, ya que las inversiones de la empresa se calculan en función de los metros cúbicos facturados y al eliminar ese mínimo, se redujeron en favor de la concesionaria y en perjuicio del Ayuntamiento, sin que la concesionaria dijera nada.

Así ha informado el portavoz del Equipo de Gobierno santanderino, Javier Ceruti, quien indicó que al eliminar el canon mínimo, aumentaron los ingresos de la concesionaria y disminuyeron las obligaciones de inversión del contrato, si bien la ley prevé adoptar medidas para alcanzar el reequilibrio.

De esta manera el Ayuntamiento ha acordado no actualizar las tarifas de 2018 para los años 2019 y 2020, hasta el final de la concesión en abril de 2031, y así propiciar una disminución de los ingresos de Aqualia y mantener el equilibrio económico-financiero matizando que este desequilibrio fue «provocado por una actuación del Ayuntamiento, no de la concesionaria».

El conjunto la actuación asciende a 5.553.977 euros, con lo que se reequilibra la modificación tarifaria de 2012 hasta el final de la concesión en el 2031.

Ceruti, indicaba que esto tiene que repercutir en el ciudadano de Santander porque «el agua se paga por medio de tarifas y una de la cuestiones que tendrá que decidirse es si lo que supondrán esto es una bajada de las tarifas de agua y cuándo se podrá aplicar «.

La privatización de servicios públicos por parte del Ayuntamiento Santander, todas ellas en la época que mandaba como regidor Íñigo de la Serna, está demostrando que solo sirve para que las empresas privadas se lleven cuantiosos beneficios y no cumplan con las condiciones de los contratos.