Tanto la patronal CEOE y Cepyme como los sindicatos CCOO, UGT, le han trasladado este miércoles al Gobierno su rechazo a la propuesta que ha realizado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre el mecanismo que sustituirá, de manera permanente, a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) con condiciones especiales.

El llamado ‘Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo’ permitirá a las empresas reducir durante un tiempo la jornada o suspender los contratos de sus trabajadores, como en los ERTE, con beneficios en cotizaciones y prestaciones siempre que se den determinadas circunstancias. Desde CCOO han manifestado a este diario que «esta propuesta pone en riesgo un acuerdo en la mesa de negociación».

La propuesta presentada por el Ejecutivo sobre el mecanismo que sustituirá, de manera permanente, a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) con condiciones especiales. Sin embargo, esta negociación ha terminado por lograr unir a la CEOE y los sindicatos contra la propuesta de la ministra Yolanda Díaz, tildada de «farragosa».

«CCOO considera que la última propuesta efectuada por el Gobierno en materia de flexibilidad interna dificulta sobremanera el desarrollo de las negociaciones de la Mesa de Diálogo Social y nos aleja de un posible acuerdo», añaden fuentes sindicales.

Por su parte, desde la CEOE también mostraron de forma inmediata su rechazo frontal a la nueva propuesta lanzada por el Gobierno. «Desde CEOE hemos rechazado la propuesta de nuevos ERTE que se ha debatido en la Mesa de Diálogo Social para tratar la modernización del mercado laboral.

Los empresarios ya habíamos advertido de que se trataba de una propuesta farragosa y que es más restrictiva, más intervencionista y que supone un mayor coste para las empresas que el modelo actual. Esta situación complica la posibilidad de llegar a un acuerdo en la mesa del diálogo social».

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, expresó esta mismo miércoles su «sorpresa» ante la procedencia de esta medida desde el Ministerio de Economía, dirigido por Nadia Calviño, y mostraba su rechazo al documento del Gobierno.

De acuerdo con la propuesta del Gobierno, el Mecanismo RED podría activarse en dos casos: por causas estructurales, es decir, cuando en un determinado sector se produzcan cambios organizativos, técnicos o productivos estructurales o se introduzcan métodos de trabajo y de producción novedosos que generen pérdidas de competitividad asociadas al mantenimiento de la plantilla; o por causas cíclicas, esto es, cuando concurran causas económicas derivadas de una situación coyuntural de alcance general que aconseje la activación de mecanismos adicionales de estabilización.

Además, el Ministerio de Asuntos Económicos sería, según la propuesta hecha por el Ejecutivo, el que establezca «parámetros objetivos a partir de un análisis de un conjunto amplio de indicadores, que determinen una presunción de las causas de activación».

«Llevamos 30 reuniones, casi ocho meses de negociación, en los que esta cuestión no ha estado encima de la mesa, al menos en términos similares a los ahora planteados. No nos ha quedado claro cuál es el objetivo de esta propuesta en la que se introducen materias que no tienen nada que ver con el objeto de esta negociación», denuncian desde CCOO.

«Es un texto de una gran complejidad al abordar cuestiones de indudable interés (como los procesos de reestructuración de empresas o los procedimientos de recolocación de trabajadores en esos supuestos), pero que genera muchas incertidumbres respecto a sus consecuencias en el modelo de relaciones laborales y ante los requerimientos de aclaración sobre las numerosas propuestas lanzadas, nos encontramos con poca o nula concreción por parte del Gobierno», añaden desde el sindicato.

El Gobierno plantea también que el Mecanismo RED tenga una duración máxima de doce meses en caso de existir acuerdo en el periodo de consultas y de seis meses en el supuesto de que sea autorizado por la autoridad laboral cuando no exista acuerdo. En el supuesto del Mecanismo RED por causas estructurales podrán solicitarse un máximo de dos prórrogas, de seis meses cada una.

«Ante esta situación consideramos que una propuesta de estas características requiere de un proceso de negociación más dilatado en el tiempo, poco compatible con la urgencia de las materias que tenemos que resolver en el corto plazo. La permanente filtración de documentos, además del propio resultado de las mesas de negociación cuando estas no han concluido, ayuda poco a la buena marcha de esa negociación», concluyen las sindicales.