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jueves, junio 30, 2022

Tres de cada cuatro solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) son denegadas

Además hay 100.000 pendientes de resolución y se todo se debe a la complejidad en el procedimiento y los requisitos exigidos explican el escaso alcance de la medida

Tres de cada cuatro solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV), son denegadas, lo supone o un 73% de ellas y además hay otras 100.000 que están pendiente de resolverse según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

La organización sostiene, a tenor de los datos de octubre del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que solo el 8 por ciento (799.203 personas) de la población que vive bajo el umbral de la pobreza se beneficia de esta prestación, cuya cuantía media es de 172 euros mensuales por persona y 436 por hogar.

Asimismo, la cobertura del Ingreso Mínimo Vital continúa siendo desigual en el territorio nacional. Algunas comunidades tienen una cobertura menor al 6%, como Cataluña (4,9%) Canarias (5,5%).

La Asociación considera, que la complejidad en el procedimiento y los requisitos exigidos explican el escaso alcance de la medida y que un 73 por ciento de las solicitudes sean denegadas. Del total de solicitudes sólo se han aprobado una de cada 4, un 27%.

«Esta cifra no responde a las expectativas depositadas en este nuevo derecho subjetivo, ni a las necesidades de la población más afectada económicamente por las consecuencias de la pandemia», sostiene la organización.

De esta forma, en el 2020 las resoluciones positivas fueron el 15,3%, hasta marzo de 2021 fueron el 27,9% y hasta septiembre el 30,4%. Hasta el pasado septiembre, se habían recibido 1,45 millones de solicitudes, de las que el 91% eran expedientes válidos. En los primeros 15 meses desde su puesta en marcha, se han tramitado 1,24 millones de solicitudes, mientras que quedan casi 100.00 aún sin resolver (97.513).

De las solicitudes resueltas, 337.000 han sido aprobadas y 888.000 denegadas. El Ministerio ha reconocido que el 60% de las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio) al tener en cuenta los ingresos de la renta de 2019, año en el que no impactó la pandemia mientras otro 10% de las denegaciones se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para la que se sigue exigiendo el padrón histórico colectivo.

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