Los acontecimientos que están sucediendo estos últimos días han terminado por desquiciar al Gobierno tras ver como se han complicado la investidura de Pedro Sánchez, al estancarse las negociaciones con Puigdemont como consecuencia de la imputación por el juez de la Audiencia Nacional, García-Castellón, a Puigdemont por un delito de terrorismo este lunes en la causa Tsunami Democratic, las declaración en contra de la amnistía de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las manifestaciones y declaraciones en contra del Partido Popular.
Ha sido la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien ha salido en tromba a cargar contra todos ellos, señalando en primer lugar que aunque «respeta» la decisión del juez «como todas» este e ha cometido una ‘injerencia’ política para intentar frenar las opciones del candidato socialista de ser investido de nuevo jefe del Ejecutivo.
«Saben que desde esta mesa no debo emitir opinión política sobre decisiones judiciales. Ahí están los hechos para su análisis. Es una causa que se lleva instruyendo cuatro años y que, además, vemos que hay otros operadores jurídicos que tienen criterios distintos, como es el caso de la Fiscalía», señalaba Rodríguez.
Pasó al turno del PP, Con el PP, ahí la portavoz del Ejecutivo siguió la línea avanzada la noche anterior por Pedro Sánchez y diversos ministros y dirigentes del PSOE, acusando a Vox de organizar las protestas ante las sedes del PSOE de toda España y al los populares de mantener un silencio cómplice.
«El PP lleva semanas alimentando un monstruo con el beneplácito de Feijóo y la participación de Abascal. No aceptaron los resultados del 23-J y hoy prenden de odio las calles. Frente a su inquina y sinrazón, Democracia. Respeto y calma. Que nadie caiga en su provocación», escribió la misma noche la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, este martes presente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Y es que para Rodríguez lo del lunes no fueron movilizaciones, sino «ataques» contra las sedes del PSOE. «Atentar contra los partidos es atentar contra la democracia». «La actitud del PP y de Feijóo tendría que ser muy distinta. Tendría que estar condenando con rotundidad los ataques (…). Tendrían que estar rechazando las consignas y los símbolos» de esas concentraciones, continuó. Y pidió al líder de la oposición que «acepte de una vez por todas las reglas de la democracia», indicaba.
En cuanto al CGPJ, y su pronunciamiento en contra de la amnistía de este lunes calificándolo como «la abolición del Estado de Derecho», la portavoz del Gobierno dejó muy claro que en cuanto arranque la legislatura el Gobierno irá a por los jueces que llevan «cinco años con el mandato caducado».
«Desearíamos en una próxima legislatura (…) poder abordar una cuestión que es un lastre para nuestro país en su reputación ante las instituciones europeas», en una clara alusión a esa modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que Pedro Sánchez ya intentó en el pasado para renovar el CGPJ sin el concurso del PP.
Lo cierto es que el tiempo sigue pasando y no se sabe todavía si Sánchez podrá ser investido de nuevo Presidente o si habrá de nuevo elecciones generales el próximo 14 de enero al seguir encalladas las negociaciones con Puigdemont.
