El Tribunal General de la Unión Europea ha desestimado las medidas cautelares que pidieron los eurodiputados de Junts Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí para mantener la inmunidad, por lo que los tres diputados, vuelven a la situación jurídica en la que se encontraban después de que el Parlamento Europeo decidiera retirarles la inmunidad el pasado 9 de marzo.

 El Tribunal revoca de esta forma la decisión provisional que se adoptó el pasado 2 de junio por la que se concedía temporalmente la inmunidad parlamentaria hasta que resolviera sobre el recurso que los tres eurodiputados presentaron contra la decisión del Parlamento Europeo de aceptar el suplicatorio que solicitó el Tribunal Supremo y retirarles los privilegios que tienen.

Justifican esta decisión porque no advierten un riesgo de detención inminente de ninguno de los tres diputados y, de hecho, en su decisión, advierte de que si fuera así los tres podrían volver a recurrir a la justicia europea en busca de amparo.

Lo dice claro el vicepresidente del TGUE, «los diputados no han demostrado que pudieran ser objeto de una detención inminente», y apostilla a este respecto que «no han demostrado que su detención o la limitación de sus desplazamientos ni, con mayor razón, su entrega a las autoridades españolas y su posterior puesta en situación de detención provisional fueran previsibles con un grado de probabilidad suficiente, en particular respecto a al estado en el que residen, Bélgica».

En el auto, TGUE aclara que, aunque hayan perdido la inmunidad europea, «sí que gozan de dicha inmunidad en sus desplazamientos al lugar de reunión del Parlamento o cuando regresen de este», porque esa gracia «permanece intacta».

«Pueden desplazarse para acudir a reuniones del Parlamento y no pueden invocar válidamente, para acreditar un perjuicio grave o irreparable, un supuesto riesgo de ser detenidos, concretamente en Francia, con ocasión de un desplazamiento para participar en una sesión parlamentaria en Estrasburgo o para regresar de esta», especifica el Tribunal.

Este hecho no supone que ninguno de los tres vaya a ser detenido, y posteriormente extraditado, de momento porque «mientras que el TJUE no se pronuncie en el asunto prejudicial,-solicitado por el juez Llarena- nada permite considerar que las autoridades judiciales belgas, o que las autoridades de otro estado miembros puedan ejecutar las órdenes de detención europeas dictadas contra los diputados y entregarlos a las autoridades españolas».