La CEOE ha dicho «No» a subir las cotizaciones sociales para engordar la ‘hucha’ de las pensiones ante las futuras tensiones de gasto durante la reunión que esta mañana han mantenido Gobierno, sindicatos y empresarios para tratar de acordar el llamado mecanismo de equidad intergeneracional (MEI). El Ejecutivo seguirá intentando esta tarde cerrar un acuerdo con UGT y CCOO, favorables a la propuesta el Ministerio de Inclusión, aunque con algunas puntualizaciones.
«El Comité Ejecutivo de CEOE ha rechazado hoy la propuesta del Gobierno en relación con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional de las pensiones, que debe sustituir al Factor de Sostenibilidad, al considerar que es insuficiente, que no garantiza el equilibrio del sistema y que necesitará medidas adicionales en el futuro para asegurar su sostenibilidad», ha defendido la patronal en un comunicado.
El pasado 2 de noviembre el Ejecutivo propuso elevar las cotizaciones sociales durante 10 años para sufragar la jubilación de los ‘baby boomers’. En concreto, un alza de 0,6 puntos (inicialmente era de 0,5 puntos) durante 10 años, desde 2023. En su segunda propuesta, se estableció que la empresa correría con 0,4 puntos y el trabajador con 0,2, lo que provocó el rechazo de CEOE.
El Gobierno ha fijado hoy como día tope para llegar a un acuerdo o en todo caso cerrar su propuesta, que mandará a las Cortes para que se tramite con el resto de la primera parte de la reforma de las pensiones. La salida de CEOE de la negociación abre un nuevo escenario en el que puede haber cambios, según trasladan fuentes sindicales.
Los sindicatos han reclamado que la parte que asuma la empresa sea todavía mayor, tal como se cotiza ahora, 80%-20%, y han exigido que esta subida se mantenga durante más tiempo, no sólo durante una década, hasta 2040 o 2050, ya que consideran que la recaudación va a ser insuficiente para afrontar el incremento del gasto que habrá en pensiones en las próximas décadas.
La salida de CEOE de la negociación se suma a la que ya hizo respecto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en septiembre y emborrona el historial de acuerdos con los agentes sociales que el Gobierno se jacta de promover.
En este caso, tiene más trascendencia dado que esta reforma se enmarca en las que exige Bruselas en el segundo tramo del Plan de Recuperación para activar los fondos y en ellas la Comisión Europea reclama que haya acuerdo con los agentes sociales.