A menos de una semana para las elecciones autonómicas y municipales, el fraude en las adjudicaciones de Obras Públicas ha vuelto de nuevo a escena, tras las nuevas informaciones aparecidas en un medio de comunicación nacional donde un extrabajador de la empresa ya desaparecida Emilio Bolado S.L., desvela que Miguel Ángel Revilla y el PRC conocían las irregularidades que se estaban produciendo en la adjudicación de las obras en el Servicio de Contratación de Carreteras.

Concretamente ha sido el digital «OK Diario», quien ha sacado a la luz pública esta información, al tener acceso a una carta enviada el 29 de marzo de 2011 de un ex trabajador de la empresa constructora Emilio Bolado SL que denunciaba ante el Gobierno de Cantabria las irregularidades en la adjudicación de contratos públicos que se estaban produciendo en la Consejería de Obras Públicas, que en ese momento ya controlaba el PRC.

En la información se detalla que este ex trabajador de Emilio Bolado tras intentar sin éxito denunciar los hechos que se estaban produciendo ante la Consejería de Obras Públicas, decidió enviar la documentación que demostraba las irregularidades al presidente regional, Miguel Ángel Revilla.

 «Solicito su amparo para resolver satisfactoriamente unas denuncias presentadas por mí ante la Dirección General de Carreteras con fechas 7 de junio y 30 de julio de 2010 y en la Consejería de Obras Públicas con fecha de 4 de enero de 2011 y contestadas inconcretamente las primeras y la última no contestada a día de hoy» (sic), señalaba en su carta a Revilla, el ex empleado.

En dicha misiva insistía que «Después de haber hablado telefónicamente en varias ocasiones con el señor Manuel del Jesús, entonces director General de Obras Públicas, y de saber que se han hecho testigos en varias de las carreteras que enumero en mi carta de fecha 7 de junio, no tengo ninguna certeza de que las irregularidades respecto a la diferencia de los espesores del aglomerado extendido y facturado (…) se vayan a corregir descontándose de las facturaciones que la empresa ha ido haciendo a medida que se ejecutaban las obras».

Concluía en su carta a Revilla que por ello «apelo a que usted dé orden de que se conteste mi súplica con datos concretos sobre las averiguaciones hechas y la forma en que se descontarán de la facturación total de las obras. Así como le pido que, en lo sucesivo, se pongan los medios necesarios para que dicha empresa no vuelva, presuntamente, a cometer infracciones tan perjudiciales para nuestra comunidad», concluyó, carta que recibió el Presidente regional pero que nunca respondió.

Continua la información del diario indicando que el ex trabajador de la empresa Emilio Bolado SL ya había contactado –como se lo hizo saber al propio Revilla– con otros organismos autonómicos para denunciar las irregularidades que la mercantil estaba cometiendo en detrimento del erario.

La primera misiva la envió el 7 de junio de 2010 al entonces director General de Carreteras, Vías y Obras del Departamento de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, Manuel Del Jesús.

En la carta se señalaba: «Solicito datos relativos a las obras efectuadas por la empresa Emilio Bolado SL en las carreteras autonómicas Arredondo-La Sía y Santillana-Suances. El fin de esta actuación es contrastar con los datos obrantes en mi poder para una posible denuncia en el Juzgado Correspondiente, ya que tengo sospechas de presuntas irregularidades respecto a la manifiesta inobservancia de las condiciones técnicas contratadas».

El 11 de junio de 2010, cuatro días más tarde, el director general de Carreteras respondió a tal requerimiento exponiéndole que para obtener dicha información debía «acreditar la condición de interesado que ostentaba al respecto de dichos expedientes y si no lo hiciera de tendría dicha petición por desistida».

Tras esta carta, el ex empleado insistió en su interés por solicitar una auditoría de las carreteras mencionadas «relativas a los espesores de los aglomerados que se contrataban y los que realmente se realizaban».

«Por mi condición en los últimos dos años en la empresa Emilio Bolado SL, de vigilante de las obras y de la maquinaria, tengo plena constancia de que había sido emitida la orden en la empresa Emilio Bolado SL de incrementar en algunas de las carreteras que se estaban asfaltando en esos momentos hasta un 40% de sobrepeso», explicaba en su carta.

Continuaba indicando que «después de examinar los partes de la planta y de los camiones que estaban en el departamento del cual yo era responsable y comprobar la veracidad de tales afirmaciones manifesté expresamente mi rechazo a las cantidades que se habían mandado a incrementar. Ni que decir tiene que a raíz de esa disconformidad por mi parte me convertí en un trabajador incómodo para la empresa, lo que derivó en mi despido, posteriormente reconocido como improcedente».

La Dirección General de Carreteras le contestó que la denuncia formulada carecía «de base probatoria» y resultaba «contradicha por la realidad de las mediciones ejecutadas por la dirección facultativa de las obras». El denunciante puso tales hechos en conocimiento del consejero de Obras Públicas de Cantabria en ese momento, José María Mazón, hoy diputado nacional del PRC, del que tampoco recibió ninguna respuesta.

El digital OK Diario, incluye en su información que unos años después, en 2013, la Comisión Nacional de la Competencia multó a la empresa Emilio Bolado e Hijos S.L. a pagar 2,5 millones por su empresa Emilio Bolado S.L., y otros 307.728 euros por su otra empresa Acasan. El organismo detectó que once constructoras se repartieron entre 1998 y 2011 más de 900 obras y clientes, tanto públicos como privados, del sector de la conservación y construcción de carreteras en Cantabria y les multó con 12 millones en total.

Estas empresas, según precisó la Comisión Nacional de la Competencia, acordaban el reparto del «mercado del asfalto» tanto de las obras licitadas por organismo públicos, fundamentalmente el Gobierno de Cantabria y el Ministerio de Fomento, como por trabajos encargados por clientes privados y en la venta de asfalto directamente a la planta. Hechos que presuntamente conocía, Revilla, y no los denunció.

Hay que recordar que la UDEF está investigando el entramado corrupto de adjudicación de obras en el seno de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno que preside Miguel Ángel Revilla que lleva años operando, donde el principal implicado de momento es Miguel Ángel Díez, jefe de Contratación del Servicio de Carreteras, que está en prisión provisional.