De momento ya son ocho las pernas detenidas en la operación que se está llevando a cabo en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, por un Juzgado de Madrid, en la que están interviniendo la Agencia Tributaria, acompañada de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que se han presentado esta mañana para investigar presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas en el Servicio de Carreteras.

Además, se han llevado a cabo en empresas de Cantabria que también están implicadas varias en esta investigación, entre ellas Rucecan, La Encina y Api Movilidad, y domicilios particulares. 

El registro en las dependencias de Obras Públicas se llevaba a cabo a primera hora de este miércoles y se ha ordenado el secreto de sumario por parte del Juzgado madrileño.

Se investiga presuntas irregularidades en varios contratos, es decir, en adjudicaciones públicas realizadas desde la consejería. Hasta el momento parece que se han precintado al parecer 15 despachos de la Consejería así como domicilios particulares.

Al parecer la investigación estaría centrada en el Servicio de Carreteras, que es el de mayor presupuesto i de la consejería.