La mayoría de las veces, por no decir siempre, la realidad va por un lado y los políticos por otra y eso parece que está en ocurriendo en Cantabria con el COVID-19 donde los datos indican una cosa y el Gobierno va por otra con las medidas restrictivas que está aplicando.

Los datos dicen que la región cántabra es la segunda comunidad autónoma con menos incidencia del COVID-19 con una tasa de 390 por cada 100.000 habitantes la segunda más baja por detrás de Canarias que es de 184 por cada 100 mil/hab.

Pero mientras eso datos nos sitúan en una buena posición con respecto a la pandemia, desde el Ejecutivo cántabro se traslada constantemente el alarmismo que sólo les sirve para imponer restricciones que resultan incompresibles para los ciudadanos como por ejemplo el cierre perimetral y de toda actividad de los municipios de Laredo, Colindres, Santa María de Cayón y Polanco, donde se les ha aplicado el confinamiento total, con lo que supone la restricción de las libertades individuales y el perjuicio para los comercios.

El propio Miguel Ángel Revilla, respalda las decisiones del consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE) llegando a decir que no estaba dispuesto a cesarle porque «lo está haciendo bien» a pesar de las críticas a su gestión desde todos los sectores incluida la Oposición al completo (PP, Cs y VOX) que han pedido oficialmente un pleno monográfico en el Parlamento para su reprobación y cese inmediato por parte del Presidente Regional.

Nadie comprende que desde noviembre esté cerrado el interior de la hostelería en Cantabria cuando no había hecho ninguna otra comunidad autónoma y que aquí supone prácticamente el cierre por completo por las condiciones climatológicas de la región o que se cierre los sábado los centros comerciales cuando se ha permitido en navidades que están abarrotados.

Decisiones todas ellas muy cuestionadas como la campaña de vacunación en Cantabria, un que arrancó de una forma desastrosa con cambios de criterios en cuento a cómo se debía de llevar a cabo y que ha acabado con la destitución de la directora de Salud Pública, Paloma Navas, pero que mantiene al Consejero de Sanidad en su puesto de forma poco comprensible.