Algunas formaciones independentistas como Bildu, ERC, Junts, PDeCAT y la CUP, junto con Unidas Podemos, tratarán en el Pleno del Congreso del próximo de martes, la fomentación y extensión de las lenguas cooficiales reconocidas, en detrimento del castellano, una lengua catalogada como una «imposición legal».

La justificación de esta propuesta se basa en que España, bajo su parecer, debe cumplir algunos de los acuerdos internacionales, que garantizan el pluralismo y la variedad lingüística, como la Carta Europea de las Lenguas Regionales, o el Protocolo para la Garantía de los Derechos Lingüísticos.

En el documento, se considera «discriminación» lo que están sufriendo actualmente las lenguas, que viven a la sombra del castellano. Apuntan que «un Estado debe ser excluyente con todas las discriminaciones, sea cual sea su razón, también la lingüística».

También se planteaba en la redacción original, la posibilidad de que se permitiera el uso de las diferentes lenguas del país, en instituciones nacionales, como en la Audiencia Nacional o Seguridad Social. Finalmente, la Mesa del Congreso, tras el Consejo de la Cámara, llegó a la conclusión de que estas actuaciones «exceden de su competencia» (del Gobierno) por lo que no se les puede exigir como tal.

Finalmente, de la misma manera, es su objetivo fomentar que el Gobierno apoye las reformas estatutarias con el fin de que se reconozca la oficialidad de las lenguas propias del país, como en el caso de Asturias, que actualmente no ha sido reconocida.Exigen por lo tanto, acabar con la denominada «imposición legal exclusiva del castellano» ya que bajo su razonamiento, está suponiendo consecuencias negativas en el ámbito económico del país,