Este lunes 4 de marzo, hace que se cumplan 2 años del decreto de Pedro Sánchez, que de forma inconstitucional decretara el primer Estado de Alarma, con motivo de la la situación generada por el Covid-19 en España.

«Acabo de comunicar al Jefe de Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días», con estas palabras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba el 13 de marzo de 2020 el inicio del estado de alarma que, finalmente, se alargaría de forma de nuevo inconstitucional hasta el 21 de junio, según sentención el por dos veces el Tribunal Constitucional.

 Durante estos estados de alarma, se prohibió a los ciudadanos salir a la calle e incluso pasear, salvo que tuvieran animal de compañía, se cerraron negocios, los colegios y universidades, toda la restauración, se suspendieron los viajes en trenes, aviones y barcos y se aplicaron Expedientes de Regulación Temporal de Empleo a buena parte de la fuerza de trabajo del país.

Ese decreto de alarma fue declarado inconstitucionales por el TC el 14 de julio de 2021, tras la denuncia presentada por Vox, único partido que llevó esta situación al alto tribunal español. El tribunal de garantías declaró nulos, los puntos 1 y 3 del artículo 7 del decreto-ley, relativos a la libertad de circulación de personas y coches en espacios y vías públicas; así como el punto 5 del mismo artículo, que permitía al Ministerio del Interior acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos por razones de salud pública.

Tras ese primer decreto, le siguió otro aprobado el 25 de octubre de 2020 que finalizó el 9 de noviembre, pero que se prorrogó, por acuerdo del Consejo de Ministros, seis meses más, hasta el 9 de mayo de 2021. Esto hizo que los españoles hayan vivido de forma inconstitucional un total de 9 meses y tres semanas bajo decretos de alarma.

El Tribunal Constitucional también declaró inconstitucional, el 17 de octubre de 2021, esta prórroga de 6 meses del segundo estado de alarma por entender que tuvo un carácter «no razonable o infundado» y declaró también inconstitucional la designación de autoridades competentes delegadas a las autonomías.

Uno de los argumentos del tribunal de garantías fue que la prórroga se hizo «sin saber qué medidas se iban a aplicar para combatir la pandemia».

Una situación que en cualquier otro país hubiera supuesto tumbar el gobierno de turno, pero que en España no ha tenido ninguna repercusión para el Ejecutivo del Pedro Sánchez..