La Junta Electoral ha decidido poner freno a la utilización del Gobierno, del altavoz que supone La Moncloa, con fines electoralistas, y ha vuelto imponer una nueva sanción en esta ocasión a la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez (es la tercera vez), por vulnerar la Ley Electoral en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro sal hacer campaña a favor del Gobierno y del PSOE, as la vez que avisa también a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Lo cierto es que este Gobierno, está siendo el más advertido y multado de la actual democracia por la Junta Electoral por la utilización de forma reiterada de su posición en La Moncloa, con fines electorales, ya que también han sido sancionados el propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, único presidente del Ejecutivo que ha sido condenado al pago de una multa por vulnerar los principios de neutralidad e igualdad al utilizar medios institucionales para promocionarse electoralmente, el exvicepresidente, Pablo Iglesias o la anterior portavoz, Isabel Celaá.

La Junta exige al Gobierno de Pedro Sánchez «evitar en futuros actos institucionales vulnerar el principio de neutralidad que los poderes públicos están obligados a respetar durante el proceso electoral, en aplicación del artículo 50.2 de la Loreg».

El aviso no solo es para Isabel Rodríguez sino para «todo alto cargo», ante «las reiteradas vulneraciones» de la Ley Electoral, en su artículo 50.2 que establece que desde la convocatoria de las elecciones hasta su celebración, cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos por las autoridades públicas.

En esta ocasión, el expediente sancionador a Isabel Rodríguez, viene como consecuencia por la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 25 de abril, al llevar a cabo «alusiones valorativas que descalifican la actuación de un determinado partido político, a la par que apreciaciones negativas respecto de su capacidad o sus intenciones», en referencia al PP.

Para la JEC, la ministra tiene la obligación de extremar la cautela en cumplimiento de la ley, a pesar de que la prensa le haga preguntas relativas a la oposición.