En el último informe del Banco de España, referido a 2022, su gobernador Pablo Hernández de Cos, en un hipotético programa de reformas estructurales que permitan la convergencia sostenible con Europa señala la necesidad de “hacer compatible la protección de los colectivos más vulnerables con unos incentivos adecuados a la oferta de trabajo, lo que, en su opinión, exigiría una mayor coordinación de las políticas activas y pasivas de empleo”.

Las principales instituciones nacionales y organismos independientes han criticado el sistema actual por el tiempo de duración de las percepciones (muy superior a las de economía comparables); y por su cuantía, en muchos casos, superior a la del salario que el trabajador cobraba cuando estaba ocupado.

En un informe publicado por vozpopuli, se detalla que España es uno de los países en los que las prestaciones por desempleo suponen un mayor porcentaje del Producto Interior Bruto, de la Unión Europea, concretamente el 3,6%, el mismo que Austria, de acuerdo con los últimos datos de Eurostat, del año 2020.

Chipre, con el 3,7% de su PIB, encabeza este ranking, con una media de la UE situada en el 2,2%, donde economías muy desarrolladas como Alemania, Holanda, Dinamarca o Suecia, gastan de su presupuesto entre el 1,7% de la primera y el 1% de la última. Por su parte Italia se queda en el 3% y Francia en el 3,2%, con un gasto conjunto de la UE anual que se acerca de 175.000 millones de euros.

De acuerdo a los Presupuestos Generales del Estado de los últimos cinco años, España ha destinado un total de 107.379 millones de euros, para cubrir las prestaciones por desempleo siendo la dotación presupuestaria para este ejercicio de 21.278 millones.

En España, actualmente según el SEPÈ, hay un total de 1.787.538 beneficiarios de algún tipo de prestación por desempleo, de los que 780.281 (el 43,65%) tenían derecho a una prestación contributiva por haber cotizado a la Seguridad Social el mínimo de años correspondientes; 750.538, el 41,98% del total, cobraban un subsidio; 73.144 (el 4,09%), la renta agraria; 82.996, el 4,64%, el subsidio agrario; y 100.579, la renta activa de inserción.

Según el SEPE, uno de cada cuatro perceptores de la prestación contributiva (la que se cobra tras haber adquirido los derechos correspondientes a través de las cotizaciones sociales) puede hacerlo durante 24 meses, el tiempo máximo que marca la ley, mientras que el número de personas que puede percibir la ayuda durante 12 meses apenas llega al 5,8%.

Casi la tercera parte de los perceptores de la prestación contributiva son mayores de 50 años, esto supone que al acabar el plazo de la prestación, cobrará directamente un subsidio hasta que cumpla la edad reglamentaria de jubilación. Según el SEPE, el periodo medio de derechos adquiridos permite el cobro durante catorce meses y medio.

El subsidio por desempleo es el segundo escalón dentro de las percepciones cuando se pierde el puesto de trabajo. Un total de 750.538 personas están cobrándolo hasta el pasado 31 de marzo, de los que 515.184 tenían más de 50 años, lo que supone el 68,60% y 235.882, el 31,4%, eran mayores de 60.

La forma más habitual de recibir este subsidio es haber cumplido más de 52 años, con un total de 437.890 personas, es decir casi seis de cada diez perceptores, sobrepasaban esta edad. El agotamiento del periodo de prestación contributiva, es la siguiente causa, con un total de 149.787 personas, y la tercera, no haber cotizado el tiempo suficiente para poder percibir una prestación contributiva, con 124.567 personas, en este tercer supuesto, aunque también se puede cobrar por ser emigrante retornado, haber salido de prisión, fijos discontinuos…etc.

El subsidio y la renta activa de inserción está fijada en 480 euros mensuales, mientras que para el caso de las prestaciones contributivas y dependiendo del tiempo cotizado a la Seguridad Social, la horquilla va desde los 560-749 euros, si se tiene hijos o no, hasta entre 1.225-1.575 euros para las máximas en función del numero de descendientes que tenga a su cargo.