La Justicia a veces tiene decisiones que cuesta comprenderlas y una de ellas es la adoptada ayer por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) al rechazar por quinta vez las peticiones de a Asociación Empresarial de Hostelería (AEHC) de poder abrir el interior de los locales.

El TSJC dice que interpone los intereses sanitarios a los económicos, señalando en el auto que aunque existe un perjuicio económico para estos negocios, «en el otro lado de la balanza simbólica de la ponderación tenemos el interés general sanitario» a pesar de llevar más de dos meses cerrados en el interior y demostrarse que los contagios no provienen de estos locales.

Lo más sorprendente del auto es la reflexión que hace el juez quien señala que es «unánimemente reconocido que la crisis sanitaria viene acompañada o seguida de una crisis económica y social», y que «no se pueden arrostrar ambas crisis sin adoptar decisiones que en beneficio de la solución de una agraven la otra» indicando además que son «perjuicios reparables a posteriori» sin tener en cuenta que muchos hosteleros y empresas satélites han cerrado y no podrán volver a abrir más con las deudas que les quedan.

Según la Sala de lo Contencioso «la motivación de la medida impugnada atiende a criterios razonables y resalta la idoneidad y necesidad de la misma» en base a informes sanitarios y opinando que corresponde al Estado y a las comunidades autónomas tomar medidas «tratando de encontrar un razonable equilibrio» entre la salud y la actividad económica, «lo cual es asaz difícil».

Por último el TSCJ, rechaza que esta medida sea por criterios políticos porque «parece querer dar a entender que las medidas de lucha contra la pandemia se adoptan por las Administraciones autonómicas, más que por criterios técnico-sanitarios y otros previstos en las leyes, por un afán político de emulación de las decisiones de las comunidades autónomas gobernadas por el mismo partido político».