Cantabria es la novena comunidad autónoma que más dinero dedica a pagar las nóminas de los políticos, altos cargos y funcionarios en general con 1.293 millones, unos números que superan el 44% de su presupuesto para este 2.022. 

El Pleno del Parlamento aprobaba el pasado 22 de diciembre la Ley de Cantabria de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2022, que asciende a 3.340 millones de euros, con el voto favorable los partidos de Gobierno PRC-PSOE y el voto en contra de toda la oposición: PP, Ciudadanos y Vox, elevando además el techo de gasto en 2.867 millones, un 8,5% más que en 2021.

En 2021 el gasto se ha vuelto a desbocar, sin que el gobierno regional haya tomado alguna medida alguna para evitar ese gasto con un proceso de adecuación de las plantillas o de reasignación de efectivos de la administración pública.

Así, mientras los ciudadanos padecen la actual crisis, con una inflación desbocada, por un IPC que ha llegado a límites de hace 35 años, la administración cántabra destina casi la mitad de su presupuesto a pagar a los que genera la administración entre miembros del Ejecutivo, directores generales, ayudantes de estos, chóferes, vehículos oficiales, personal de confianza y funcionarios, entre otros.

En Cantabria no se han reducido su gasto de personal en los distintos subsectores, para atender la mayor demanda de contrataciones de la sanidad, lo demuestra el dato de que el coste en las nóminas de los servicios públicos generales (administración burocrática que incluye las nóminas de los cargos políticos y de asesores) ha subido un 7,6%, siendo la segunda comunidad donde más ha subido por detrás del 8,8% en Asturias y seguida del País Vasco con el 7,5%, mientras que la media en el resto de España ha sido del 5,2% (hasta casi 3.800 millones).

Según los datos de la Contabilidad Nacional las Administraciones Públicas cerraron el año con un gasto en remuneraciones salariales (sueldos y cotizaciones a cargo del empleador) de 91.738 millones (un 5,6% más) frente a los 86.905 millones del año anterior y los 82.083 millones en 2019 antes de la pandemia.

En el ranking de mayor gasto de comunidades autónomas en administración, Cantabria con 1.293 millones (44%), ocupa el noveno puesto, por detrás de comunidades que dedican la mitad de sus presupuestos a pagar las nóminas del personal público y político, como son Castilla La Mancha que emplea el 50,1% de su presupuesto en abonar salarios (4.900 millones), mientras que en Extremadura casi llega al 49% (2.551 millones) y en Murcia (1.690 millones). Por su parte, Andalucía (16.176 millones) y Aragón (2.919 millones) alcanzan el 48% de su presupuestos al pago de nóminas.

Inmediatamente después se encuentra el País Vasco, que destina el 47% de su presupuesto a pagar a su plantilla (5.759 millones) mientras que Asturias llega al 46% (2.212 millones); y Cataluña (15.023 millones). Por contra, las regiones que menos porcentaje de su gasto total dedican a personal son Baleares (31%), Madrid (33%) y Navarra (36%).

DATOS NACIONALES

Analizados estos datos, se concluye que dos tercio del gasto en nóminas de las Administraciones Públicas corresponden a las autonomías, que acumulan mano de obra intensiva en sectores como la sanidad y la educación mientras sigue aumentando el empleo también en otros sectores.

Este incremento de masa salarial y de efectivos ha elevado la representación de este gasto en personal en los Presupuestos regionales dejando poco margen para activar otro tipo de políticas que eviten el proceso de desaceleración económica generalizada que ya se advierte. Así, si en 2019 el pago de nóminas públicas representaba en 39% del gasto regional total, mientras que ahora llega al 41%.

Echando la vista atrás, en 2008, en plena crisis, se registró un alza del 11,2% del gasto en remuneraciones con un aumento de casi 70.000 empleados más en un año y en 2009 después se acercó al 7% con otras 65.000 contrataciones más.

El número de empleados de las CCAA ha superado por primera vez en 2021 los dos millones (hasta casi 2,1 millones) y ya representa el 60% del empleo público en España, un dato que refleja claramente a donde va destinado el dinero de nuestros impuestos principalmente.

Desde 2007, año en que comenzó la peor crisis desde la guerra civil, las comunidades han aumentado en 482.000 sus nóminas (un 30% más) mientras que el gasto en personal ha crecido un 43% (en más de 27.000 millones), se trata de un porcentaje hasta ahora desconocido.

Este dato desmonta la teoría de las administraciones de que la contratación de personal sanitario era la causa fundamental de este repunte, ya que ese 5,6% más en 2021 respecto al 2020 es incluso dos décimas inferior al que se produjo en 2019 respecto al 2018 cuando no había indicios de pandemia alguna (llegó al 5,8%).

Lo que evidencia que las Administraciones Públicas, sobre todo las autonomías, se convierten en un refugio laboral (en muchos casos de contrataciones a dedo) durante los procesos de crisis económicas y que permanecen ajenas a cualquier tipo de ajuste, que queda para el sector privado.

La intervención General del Estado señala en su informe anual que la remuneración de asalariados de las unidades que componen la sanidad ha subido un 6,9%, llegando a los 36.824 millones, mientras que ha aumentado casi un 5% en el resto de subsectores con 54.914 millones. 

Desde el inicio de la crisis sanitaria y económica el crecimiento de esta partida es de más de un 11% (en casi 10.000 millones más) y la causa, además del aumento de las contrataciones para atender la demanda sanitaria, es la creación de más empleo en otras áreas como los servicios generales, la seguridad o la administración de los asuntos económicos.