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miércoles, mayo 22, 2024

YOLANDA DIAZ y LA INDECENCIA FISCAL ESPAÑOLA

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La cada vez más decadente Cantabria de Revilla acaba de tener la visita de precampaña de la Vicepresidenta de Gobierno, a la sazón ministra de Trabajo y Economía Social, y líder de la formación SUMAR, Yolanda Díaz, en vísperas del “día de la mujer” (hoy 8 de Marzo, y cada día del año), que se ha despachándose, además de su proclama feminista, con una frase lapidaria como es que “en España es indecente que una peluquería o una librería pague más impuestos que una empresa del Ibex 35”, en referencia, parece ser, a la huida de Ferrovial a los Países Bajos (Holanda).

He de confesar que no daba crédito a estas palabras, de esta abogada laboralista, que en plena pandemia no sabia explicar en qué consistía un ERTE, y que, tras la marcha del líder de Podemos (formación en la que milita) ha cogido un protagonismo tan inusitado como inmerecido por su falta de sustancia, se mire por donde se mire.

La guinda sobre esta esperpéntica personaje (a) la constituye la frase anteriormente mencionada, donde, en principio, tengo que darle la razón más absoluta, pues es totalmente cierto que una peluqueria, y cualquier tipo de negocio pequeño así como a los autónomos, está abrasado y perseguido por los cuatro costados con impuestos, tributos, Seguridad Social (que es otro impuesto) además de la inflación, otra forma de exacción tributaria, todo ello efectivamente respecto a las medianas y grandes empresas que tiran de buenos asesores, obteniendo créditos fiscales, o llevando sus sedes a paraísos fiscales, o países donde la tributación es más suave que en España.

Su compañero de gabinete, Sr. Escrivá (Mº de Seguridad Social), ha iniciado la persecución a los autónomos retrasando la edad de jubilación a los 66 años, (en Francia está a los 62 y están que braman contra Macrón por subirla a los 64, al tiempo que va a incrementar las cuotas de seguridad social.

Ahora bien, lo que no es de recibo es que, la Sra. Diaz su antecitado colega, es que realice sin sonrojo estas manifestaciones pues, siendo Vicepresidenta del Gobierno y Ministra, además de líder de una formación en alza, forma parte del problema que denuncia, pues resulta obvio decir que en su mano y en la de su compañero de gobierno evitar dicho desajuste, injusticia o desaguisado, como queramos llamarlo e incompresiblemente no lo hacen, sino que, al contrario, han puesto la máquina tributaria funcionar a destajo.

Por tanto me pregunto, si son conscientes de esta penosa situación ¿Porqué no se dan instrucciones urgentes al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Trabajo que ella preside, al de Seguridad Social, etc, para que, bajen los impuestos y gastos, así como las cuotas de seguridad social, las inspecciones tributarias, las inspecciones laborales a los autónomos y pequeños negocios, como peluquerías, restaurantes (los grandes tiran de catering y extras para no dar empleo), librerías, etc, etc y no lo hace, sino al contrario?.

Es muy bonito hablar, pero los hechos contradicen la frase y el discurso. Basta dar una vuelta por cualquier ciudad y ver la cantidad de pequeños negocios que están cerrando o a punto de cerrar por esta brutalidad fiscal. En su mano y en la de su Presidente está, ¿porqué no lo hacen?.

La reforma laboral auspiciada por la Sra. Diaz ha sido un auténtico fracaso, como los hechos han evidenciado, por lo que estaría más guapa callando.

Estamos asistiendo a una persecución tributaria absolutamente depredatoria y confiscatoria, actitud propiciada por el sistema tan abultado que resulta costoso mantener.

El gasto publico (pensiones, funcionarios, parados, ertes, subvenciones y políticos) es totalmente insostenible. El dinero tiene que venir de algún lado, y el más fácil es la brutal presión fiscal (tributaria), hasta el punto que todos los analistas, tanto por la cantidad de impuestos y tributos (más de 50, por encima de cualquier país de Europa), como por la cuantía y por la Inspección fiscal, consideran que estamos al “limite del estado confiscatorio”, prohibido por el art. 31 de la Constitución Española.

No conozco en nuestro entorno pequeños negocios que no hayan recibido un requerimiento de Inspección Tributaria donde siempre te acaban buscando la vueltas para pagar, todo ello con el poder y miedo que inspiran las inspecciones fiscales, y los Ayuntamientos, creando o incrementando las tasas por licencia en la explotación de terrazas en la hostelería.

Ello explica que ante semejante y dantesco escenario, las empresas huyen despavoridas a países donde la presión fiscal es o inexistente o más tenue, como paso

En USA con Obama, donde las grandes multinacionales (Googlle, facebok, etc.) se trasladaron a Irlanda. Fue Donal Trump quien bajó el Impuesto de Sociedades y todas ellas regresaron. En España acabamos de ver el golpe psicológico dado por la empresa constructora más importante FERRROVIAL que abandona el país debido a la brutal presión tributaria en busca de un sistema mas proporcional y más justo.

Pero la culpa no hemos de encontrarla solo en Yolanda Diaz, pues al menos lo reconoce, aunque no lo evita, como está en su mano como acabo de decir. Esta práctica ya vino heredada de Mariano Rajoy, y su Ministro Montoro, que cambiaron las Leyes Tributarias, propiciando las Inspecciones tributarias para los Inspectores, a los que se les incentivaba económicamente, lo que me parece un disparate y una obscenidad, así como las reformas en materia de Jurisdicción Contencioso Administrativa (también en la Social) suprimiendo la Segunda Instancia, propiciando los abusos de la Administración (que se equivoca en un porcentaje muy elevado de casos), al tiempo que introdujo la imposición de costas, desmotivando al modesto ciudadano y al pequeño empresario a litigar frente a la Administración Tributaria y la restante.

Si a ello se le añade la falta de especialización en la materia tributaria de muchos (as) Jueces y Magistrados en la primera instancia, o simplemente porque en determinados casos y ante la complejidad y/o duda, son pro-administración (no olvidemos que al fin y a la postre el Estado o la Administración Publica es quien paga sus nóminas), la desventaja para el ciudadano y para el pequeño empresario autónomo y la parte más débil es brutal, y más cuando muchos fallos ya no pueden ser revisados por via jurisdiccional ordinaria, como ha quedado dicho.

En definitiva, el pequeño negocio está sentenciado de muerte tanto en origen como en destino, esta es la cruda realidad, y lo que es indecente es que se reconozca esta table situación y no se evite por quien pudiendo hacerlo desde el Gobierno no se hace.

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