Por Luis Mayo
En Santander se ha desatado la guerra de las banderas. La delegada del gobierno en Cantabria ha desplegado una bandera arcoíris en apoyo del colectivo LGTBI y desde Vox y el PP se ha pedido que se retire esa enseña de un edificio oficial. También Vox ha pedido al Ayuntamiento de Santander, regido por el PP, que quite de la fachada la bandera LGTBI.
Esta polémica que puede parecer fútil tiene debajo un importante cuestionamiento. Si en lugar de ser una bandera LGTBI un colectivo de víctimas de ETA pidiera colocar una pancarta con imágenes de quienes asesinaron a policías, jueces, políticos, ciudadanos de a pie, etc. ¿Les concedería el Ayuntamiento y la delegación del gobierno permiso para hacerlo?
Imaginemos que unos vecinos de un barrio santanderino pidieran a la alcaldesa permiso para colocar una pancarta para declarar el día sin ruido en las calles, unas calles sin bares al aire libre ¿Se les concedería permiso?
La cuestión no es si se permite una pancarta de apoyo al colectivo LGTBI, sino si solamente se concede a ese grupo el permiso o esa posibilidad está abierta a todos quienes quieran utilizar los edificios públicos para adornar sus fachadas con mensajes a los ciudadanos.
Parece sensato prohibir todo tipo de pancartas o mensajes en los edificios públicos. La alternativa es extender esa posibilidad a cualquier otro grupo ciudadano. Las personas que se declaran lesbianas, gays, transexuales… tienen derecho a ser respetados y defendidos por la ley, pero no a tener privilegios que atentan contra la igualdad.
Los lugares públicos son de todos, y por ello no se puede permitir el uso por parte de grupos particulares.
