Siempre he defendido en este medio a Sánchez (Pedro) como el que mejor “cintura política” tiene de largo en este país, con sustancial diferencia sobre el siguiente (que pudiera ser Puigdemont -ya un decadente-). Prueba de lo cual es que, sin haber ganado elecciones (salvo en ocasión), es inquilino de Moncloa desde hace seis años de forma consecutiva con maniobras y decisiones políticas que pillaron al Partido Popular a pie cambiado, como sucedió con la convocatoria electoral del pasado año tras el mal resultado (para el PSOE) en las Municipales, de tal forma que no fue apeado de la Presidencia a pesar de los pronósticos, y ello, sin duda, fruto del Sr. Sánchez y sus asesores políticos.
Sin embargo, el punto de reflexión que aquí me ocupa, y preocupa, es la excesiva judicialización de la política en los últimos treinta años de la etapa democrática.
Sin ir más lejos, Sánchez se aupó con el poder tras dictarse por la Audiencia Nacional la Sentencia Gürtel, donde el ponente implicaba a Rajoy como conocedor de los hechos, circunstancia que precipitó la famosa moción e Censura Frankestein (según Rubalcaba). El Tribunal Supremo, sin embargo, eliminó tras el recurso la referencia a Rajoy, deslegitimando el sustrato o la “ratio política” del fundamento de la moción, lo que no cambió las cosas porque el Partido Popular no salió bien parado del asunto.
La judicialización de la política, obviamente, no es nueva ni cosa de Sánchez. Ha sido una herramienta utilizada por todos los partidos, sin excepción, a su conveniencia, y me remito a algunos de ellos como Caso GUERRA (cacería contra el Vicepresidente hasta obtener su dimisión) GAL (Felipe González), NASEIRO, MATAS, ZAPLANA, URDANGARIN, GURTEL, ERES, etc., etc., y tampoco es cosa de nuestra patria, sino algo común en las democracias occidentales, y si no que se lo pregunten a Donald Trump.
Ahora bien, la clave del asunto es (a mi juicio) deslindar aquellos asuntos donde algunos políticos (afortunadamente no todos), han cometido irregularidades que han de llevarse a los tribunales para erradicar “la mala praxis política” y depurar
el sistema, como son los casos de corrupción, malversación, prevaricación, de aquellos otros con una frontera difusa, donde la finalidad perseguida por los promotores de la investigación judicial van dirigidos a cargarse al adversario, prevaliéndose del sistema judicial.
Hay otros que buscan la purga y responsabilidades democráticas
En cualquiera de los supuestos, deberán ser los Órganos Jurisdiccionales quienes sepan filtrar y captar dicha intencionalidad, por el bien del sistema democrático, y por el de la propia Justicia que es el tercer Poder, garante de los otros dos que conforman el Estado de Derecho (Legislativo y Ejecutivo) y decidir lo que hay que investigar, y castigar, de lo que son o deberían ser responsabilidades políticas.
Y digo esto porque, a mi juicio, se ha producido y se está produciendo, una excesiva judicialización de la vida política y no es bueno para el país ni para nadie, y menos para el ciudadano que resulta victimizado por la sobrecarga de asuntos, que muchas veces acaban en nada (al ERE me remito, y por cierto no comparto el resultado), y ven como sus asuntos se ralentizan.
Y, como digo, se esto es altamente preocupante, de un tiempo a esta parte, casualmente coincidiendo con la “era Sánchez”, se está produciendo otro fenómeno que es la “politización de la justicia”.
Cuando yo comenzaba a ejercer en el mundo del Derecho, las referencias a los Jueces y Magistrados se basaban únicamente en el cargo o puesto que ocupaban, desde Juez de 1º Instancia, de la Audiencia, del TSJ, del Tribunal Supremo o del constitucional, con su nombre y apellidos sin etiqueta alguna.
De un tiempo a esta parte, especialmente en los asuntos de cariz político, cuando se conoce la composición de un Tribunal, especialmente en el Supremo y Constitucional, todos cada uno de sus miembros son referenciados por su cariz “progresista” o “conservador” lo que hace previsible el signo de la futura resolución, y a los hechos me remito, especialmente en las ultimas Sentencias del Tribunal Constitucional, que se está desvirtualizando para ser un brazo jurídico político. Dicho de otra forma, un apéndice del Ejecutivo que nombra o del que provienen algunos de sus miembros
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Esta contingencia me parece gravísima para la imagen de la Justicia y del Estado de Derecho en el que creíamos de estudiantes pero en la actualidad totalmente desnaturalizado.
Por si todo ello no fuera suficiente, y preocupante, la guinda de todo ello la está poniendo el Sr. Sánchez con el laberinto judicial en el que se encuentra inmerso él, y su familia (la pareja o esposa Begoña y su hermano).
Yo no se, ni conozco, del caso Begoña más allá de lo que se publica en prensa, lo cierto es que el Juez Peinado, instructor de caso, se está limitando investigar unos hechos que le han turnado como en cualquier otro asunto.
Dependiendo que medios se lean, para unos no hay caso y para otros si lo hay. Por tanto ¿Cuál ha de ser la postura del Juez?: Dar carpetazo al asunto porque se trata de la mujer del Presidente de Gobierno, o seguir averiguando que hay de verdad (o mentira) en el asunto.
En el tema se ha producido, o se está produciendo un hecho insólito, y si se quiere ilógico. Me explico.
Desde mi perspectiva como ciudadano, y como jurista, creo que Sánchez y su mujer, poniendo todo tipo de trabas, excusas, y dilaciones, culminando su proceder con una descabellada querella criminal por “prevaricación” contra el instructor Peinado, se están dando un tiro en el pie por varias razones:
1ª) Si se consideran “inocentes” deberían ser los primeros en dejar trabajar al Juez, Magistrado, e incluso colaborar en esclarecer los hechos y patentizar su “inocencia”. No lo están haciendo.
2º).- En el supuesto de que haya caso (responsabilidades) la estrategia seguida tanto por Sánchez como por su cónyuge (Begoña), me parece errática, por una razón de sentido común: “El Juez Peinado no ha inventado el caso. Le ha llegado de turno de reparto, con una serie de indicios, y está tratando de escudriñar la verdad con las correspondientes garantías constitucionales”. ¿Qué delito hay en ello?: Ninguno. De hecho no ha tomado ninguna decisión judicial relevante. Sin embargo se va encontrar con dos querellas criminales por el matrimonio Sánchez por Prevaricación.
3º).- No se quien será su Letrado. Yo, en idéntica situación, no me hubiese querellado (en principio y en este momento procesal) contra el Sr. Instructor, y eso que a lo largo de mi vida profesional he visto decisiones judiciales flagrantes, injustas, basadas en criterios personales y no en Derecho, pero preferí que las mismas fueran desmentidas por los superiores jerárquicos. El tiempo me dio la razón.
Esta decisión evidencia el nerviosismo de Sánchez, dirigido única y exclusivamente a intimidar al Juez o Magistrado Peinado, cuando lo pertinente es, o debería haber sido, colaborar, dar explicaciones: luz y taquígrafos, en lugar de matar al mensajero. En mi opinión un ERROR clamoroso.
4º).- La decisión de querellarse ex aequo contra el Juez, obedece también, sin duda a un acto de prepotencia, en base al cargo que ocupa (y con los apoyos políticos que tiene, catalanes y vascos, mas las empresas del IBEX 35, con beneficios récord con el actual gobierno), padeciendo el “mal de altura”, intentando acabar con la carrera judicial del Juez Peinado a sus 70 años de edad por el mero hecho de ser Presidente de Gobierno.
Pero hay un dato que me ha llamado poderosamente la atención. Sánchez no ha ido a un Letrado Particular para la encomienda, sino que ha tirado del erario publico e implicado al Abogado del Estado. Esto me parece gravísimo. Sánchez no puede utilizar los servicios jurídicos pagados por los españoles para fines exclusivamente personales, y no entiendo a la Abogacía del Estado prestándose a estos menesteres carentes de todo fundamento legal. Al tiempo.
Este episodio me ha recordado a Jesús del Gran Poder (según José M. García), esto es Jesús Polanco cuando fue denunciado por el periodista Capmany por apropiación indebida por los depósitos Canal Plus. El Instructor del caso fue el asturiano Javier Gómez de Liaño, que picó en el anzuelo, acabando apartado de la carrera judicial traicionado por su amigo y ex compañero Baltasar Garzón.
El caso SOGECABLE, era muy distinto, pues aún cuando tenia derivadas político económicas de un Grupo Mediático tan importante e influyente como era y es PRISA, lo cierto que allí se fabricó un caso “ad hoc”, cargarse al mensajero que acabó, como decía, con la carrera de dos Magistrados.
Conclusión: Sánchez hace mal querellarse, primero porque es enredar mas la madeja (juicios tengas y los ganes dicen los gitanos), y en segundo y mas importante, hurta a la ciudanía de explicar con absoluta claridad los negocios de su mujer y los suyos propios. Si no hay nada anómalo, ¿ dónde está el problema?
En definitiva, como decía al principio: si accedió a la presidencia de Gobierno en base a una dudosa Sentencia Judicial, su fin puede precipitarse por otra, u otras, decisiones judiciales: “el que a hierro mata a hierro muere”.
