Por Marcelino Pérez
El Congreso de los Diputados ha puesto en marcha la traducción simultánea de las lenguas cooficiales el vasco, catalán y gallego. El coste simbólico de esta medida es inmenso, porque supone dejar el idioma español al mismo nivel que las otras lenguas. Es imprescindible tener en cuenta que la Constitución dice que el castellano es la lengua oficial del estado y que todos los españoles tienen el derecho y la obligación de conocerlo. Los otros idiomas solamente son oficiales en sus territorios, es decir el catalán en Cataluña, el vasco en el País Vasco y el gallego en Galicia.
La afrenta a regiones como Cantabria es enorme y desde nuestra región debería exigirse que se aplicara, como mínimo, en el Congreso la propuesta del presidente Sánchez en el Parlamento Europeo: Que el coste de la traducción y de los equipos electrónicos con los pinganillos que los paguen las respectivas autonomías y no que se utilice el dinero de todos los españoles para una tarea innecesaria.
Si el gobierno español está de acuerdo en que en Europa se un estado, España, el que pague las traducciones es lógica que en España sean las regiones afectadas las que abonen los gastos. Con todo el ridículo de precisar traducción en la Cortes es enorme. La Constitución es clara: el español es el idioma de la nación y por ello sobran estos desafíos de los independentistas.
Lo que se ha hecho es dar un paso más hacia la división de España en varias naciones, un paso adelante en un largo camino que ya ha creado una España de dos niveles diferente en la que los ciudadanos no son iguales. Hay españoles con privilegios y otros sin ellos.
