Por Guillermo Pérez-Cosío
En la Unión Sudafricana del año 1951, el gobierno racista del sacerdote de la Iglesia
neerlandesa reformada, doctor Malan, un afrikáner en toda regla, impulsor de las políticas
del aparheid que durarían medio siglo, había logrado el respaldo parlamentario necesario
para aprobar la ley que establecía una representación separada para la población mestiza en la provincia de El Cabo.
Hasta entonces el derecho al sufragio se negaba a los mestizos de la misma forma que
a los puramente negros, que no iban a poder ejercer el voto hasta 1994.
La ley llegó hasta el Tribunal Supremo de la Unión que declaró al año siguiente su
nulidad por considerar que era inconstitucional. Entonces, el doctor Malan hizo que el
Parlamento crease un “Alto Tribunal parlamentario” formado exclusivamente por miembros
de este y con la misión de juzgar las apelaciones a las decisiones del Tribunal Supremo.Como primera medida revocó la sentencia que había declarado nula la ley de los mestizos.
A Pedro Sánchez, igual que al doctor Malan, le debe parecer que quien verifica
la constitucionalidad de las leyes se coloca necesariamente por encima de ellas y por
ello tal función no puede ser desempeñada por un juez que solo puede juzgar de acuerdo
con las leyes y no juzgar las propias leyes.
Por eso ha elegido a su ex ministro de Justicia que firmó los indultos a los líderes
separatistas catalanes, Juan Carlos Campo, de perfil más político que judicial, y a un ex alto
cargo de total confianza de La Moncloa, Laura Díez, para ocupar las plazas que deben
renovarse en el Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno y, lo que más grave,
impulsa un cambio de ley para tratar de eliminar la obligación de la elección simultánea
de los dos candidatos del Ejecutivo y los dos del Poder Judicial para asegurarse con ello y
desde ahora la mayoría de decisión en ese órgano.
La elección, de llevarse a cabo, perjudicaría la imagen de la alta institución, pero
también, como viene siendo destacado por juristas y analistas políticos de renombre,
constituye un paso más para hacer saltar por los aires la separación de poderes del Estado que en el fondo no es más que un mecanismo para debilitar el órgano más dominante del
Estado y evitar los regímenes autoritarios (“el poder detiene el poder”, decía Montesquieu).
Finalmente, el doctor Malan no tuvo suerte.
En los tres meses siguientes el propio Tribunal Supremo anuló la ley de creación del Alto Tribunal parlamentario y ya no le quedó más remedio que inclinarse ante esa decisión. El sistema había funcionado.
En España será otra cosa. Seguramente la mayoría parlamentaria que sostiene al
Gobierno respaldará estos cambios, como ya ha ocurrido con otros anteriores no menos
polémicos, y el Tribunal Constitucional, hecho ya a la medida de Sánchez, los bendecirá. No
hará falta ni tan siquiera constituir el Alto Tribunal parlamentario en el que con toda
seguridad estaría sentando plaza algún diputado de Bildu y Rufián.
Pero tampoco les demos ideas.
