Por Marcelino Pérez
La batalla política en torno al contrato de limpieza del ayuntamiento de Santander entra en una fase novedosa. Tras la rescisión del contrato con Ascan-Geaser, la empresa ha dado un paso adelante y anuncia que presentará una querella contra tres altos funcionarios del municipio santanderino.
Con este paso, el asunto, realmente complejo, se abre un frente hasta ahora vedado: Exigir a los funcionarios, por vía judicial, que cumplan con su obligación y dejen de estar en manos de los criterios de los políticos.
Generalmente cuestiones que son realmente técnicas (¿Se cumple o no el contrato que Ascan-Geaser tiene con el Ayuntamiento de Santander?) no se resuelven por los técnicos.
Ahora, si finalmente se presenta la querella, comenzará una época en la que los funcionarios deban cumplir su misión que no es otra que tomar decisiones de acuerdo con criterios objetivos y de acuerdo a la legislación, sin entrar en cuestiones políticas.
Determinar si el contrato de limpieza se cumple o no es completamente independiente del criterio de un concejal o unos vecinos que pueden apreciar que la ciudad está sucia. Se trata de documentar que Ascan-Geaser ha faltado a lo firmado en el contrato.
En la historia reciente vemos como los arquitectos, abogados, ingenieros, médicos, etc. que son funcionarios terminan saliendo indemnes de los fallos que se producen en obras o intervenciones.
Desde la caída del hotel Bahía, hasta el derrumbe de las viviendas de la boca norte del túnel de Tetuán, pasando por el doble incendio de viviendas en la calle Tetuán los altos cargos públicos apenas han asumido su responsabilidad tanto en la admisión de los proyectos como en la vigilancia de la ejecución.
La relación de los funcionarios, que son servidores públicos, es decir que están para defender los intereses de la gente, con los gobiernos termina por llegar a situaciones que perjudican a los cántabros.
La presentación de una querella, no contra el ayuntamiento -que si termina en condena la pagamos todos- sino contra unos funcionarios que con sus informes profesionales han propiciado la toma de decisiones es una señal de alerta para el resto de servidores públicos.
Tanto si se demuestra que los funcionarios actuaron correctamente, como si sucede lo contrario, desde ahora los servidores públicos tomarán las máximas garantías a la hora de firmar informes.
