Por Marcelino Pérez
Cuando se destapa un escándalo relacionado con lo público los Gobiernos de España, ejecutivos regionales o municipales actúan con apariencia de energía contra los presuntos autores de fechorías varias. Lo cierto es que esa no es la realidad. Quienes tienen en sus manos el dinero público, el de todos los españoles, se limitan a actuar con lentitud y escasa energía contra alguno de los políticos con cargo público. Pasado el tiempo, los cesados, pocos, reciben recompensa si mantienen discreción y silencio en empresas públicas o privadas que devuelven favores.
Nunca se actúa en serio para erradicar esas prácticas corruptas que se mantienen a lo largo de los años con gobiernos de derechas, izquierdas o extrañas coaliciones.
Una primera medida que se debería adoptar es exigir responsabilidades a los altos cargos funcionariales o de empresas públicas. Las “sobrinas” de Ávalos entraron en puestos para los que carecían de formación y además ni siquiera aparecían por su puesto de trabajo. Para que eso suceda el trabajador o funcionario encargado del control de personal una de dos: O sabía lo que sucedía y callaba o bien no se enteraba de nada, por lo que su negligencia debería comportar el despido inmediato o la más grave sanción en el caso de ser funcionario.
Naturalmente eso no sucede, porque existe una complicidad tácita entre los gobernantes y la clase funcionarial. Los partidos de la oposición, tano de derechas o de izquierdas, deberían quebrar ese silencio y defender de verdad los interesas de los electorales exigiendo las penas correspondientes a quienes incumplen sus obligaciones laborales o demuestran que carecen de formación para ocuparlos.
Si ahora estuvieran ante los tribunales los responsables de personal de las empresas públicas en las que “trabajaban” las Jésicas y demás por complicidad en la estafa a los contribuyentes, en el futuro los directivos de empresas públicas o altos cargos de la Administración dejarían de colaborar con los políticos que incumplen la ley en beneficio propio.
