La transición democrática que culminó con la Constitución Española de 1.978, se estudia como ejemplo de transformación política y democrática en todos los países modernos del mundo.
Ello fue posible gracias a la sociedad civil, que salía del letargo del régimen anterior, auspiciada por una serie de políticos audaces, con gran formación humanística y con vocación publica, quienes fueron capaces de aparcar las diferencias ideológicas, buscando puntos de encuentro para conformar un Estado de Derecho a la altura de las democracias europeas, redactando una Constitución absolutamente ejemplar, donde se conciliaron y consensuaron cuestiones sociales, territoriales, económicas, así como una protección especial a los derechos fundamentales de las personas, entre otras muchísimas materias.
Entre las cuales, se asientan los pilares básicos del Estado, basado en la separación de poderes, de tal forma que en el art. 56 se dice que el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de la unidad y permanencia, que “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”, en los arts. 66 y siguientes se regulan las Cortes Generales, que “representan al pueblo español y están formadas por las cámaras del Congreso de los Diputados y el Senado” (Poder legislativo). En los arts. 97 y ss. se regula el Gobierno, que ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (Poder Ejecutivo).
En los arts. 117 y ss, se regula el poder Judicial, en base al principio de que “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles y, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley.”
Pues bien, de un tiempo a esta parte, y dejando de lado inexplicables pactos que en el pretérito realizaron tanto el PSOE como el PP con los partidos independentistas y separatistas vascos y catalanes, para la obtención de la Presidencia de Gobierno, apoyos que fueron puntuales, no es menos cierto que desde la “Moción de Censura” a Rajoy (2018), como ya he dicho en más de una ocasión, se concitaron todas las fuerzas minoritarias, especialmente los separatistas catalanes (Junts -antigua CiU, y Esquerra Republicana), además de vascos (PNV y BILDU), todos ellos anti constitucionalistas confesos, y por tanto enemigos declarados del Estado de Derecho regulado en la CE de 1.978, de la que salió designado Presidente Pedro Sánchez.
Desde entonces, y con tres elecciones generales de por medio, los resultados tan exiguos han permitido Gobernar de forma ininterrumpida al Partido Socialista de Sánchez durante los cinco últimos años, con un Gobierno de Ultraizquierda (comunista y con guión separatista).
Pedro Sánchez pactó con los anticonstitucionalistas el indulto por el referéndum ilegal del 1-O, y ridiculizó al Tribunal Supremo liberando a los autores penales de su responsabilidad por hechos que atentan directamente contra la CE y la soberanía del pueblo español. Por si no fuera suficiente, derogó también el delito de sedición por el que fueron condenados, como aviso a navegantes de la que se avecina.
Por tanto, los cuatro pilares básicos en los que se asienta cualquier Estado de Derecho moderno, como el que se supone tenemos en España, y que tanto nos costó conseguir, Pedro Sanchez está consiguiendo su “deconstrucción”, y ello en base a los siguientes “hitos”:
1º).- La Corona está sufriendo ataques por todos los costados. Cierto es que el “emérito” ha cometido los excesos de todos conocidos, circunstancia que se viene utilizando para desprestigiar a la corona mediáticamente, hasta el punto que el Rey actual es poco mas o menos que una entelequia ornamental (florero) sin ninguna función ejecutiva relevante. Son muchos los desprecios que se están realizando a la Corona desde todos los ángulos, tanto por el Presidente de Gobierno (al que tiene que esperar el monarca en los desfiles), y especialmente por los partidos separatistas, como se está viendo en estos momentos en las consultas para la proposición de candidato, sin olvidar las perlas de Rufián (Esquerra Republicana). El Rey es “persona non grata” en Cataluña (y País Vasco), al que no profesan el mínimo respeto, al igual que el socio de gobierno Sumar (y los partidillos que engloba, entre ellos Podemos). En definitiva, no puede negarse que hay un “jaque al rey” en toda regla, y es cuestión de tiempo que desaparezca, o quede como un resquicio testimonial.
2º). Los Poderes Legislativo y Ejecutivo, como consecuencia de la Ley D`Hond, provocan que los partidos y fuerzas inconstitucionales cobren especial relevancia para alcanzar mayorías en las Cortes Generales, de tal modo que en base al inagotable ansia de poder del Sr. Sanchez le vienen permitiendo (y permitirán) formar Gobierno, a cambio de vaciar la Constitución mediante contraprestaciones legislativas, económicas, además de facilitar la separación territorial, la independencia, el indulto y/o amnistía, mediante el pactado referéndum para llevarlo a cabo sin consecuencias penales.
Por tanto, y dadas las carencias de la Ley Electoral, estas minorías que no representan los intereses generales, sino más bien al contrario, los suyos propios (quedarse con la mayor parte de la tarata), anulan y anudan los Poderes Legislativo y Ejecutivo a sus exigencias y conveniencias, por lo que la mayoría de los españoles estamos sometidos a la tiranía de los partidos independentistas cuyo objetivo es socavar los cimientos del Estado, haciendo bueno aquello de divide y vencerás. Pero Pedro Sanchez, aunque aritméticamente y desde un punto de vista “legal” pueda contar con sus votos gracias al funcionamiento democrático, no es menos cierto que no es de un buen estadista responsable gobernar un Estado con quien no cree en el Estado. Es como poner de vigilante de seguridad en un banco al Dioni o a un ladrón confeso.
3º).- Respecto al Poder Judicial. Ya me he referido al desprecio del Poder Ejecutivo del Sr. Sánchez en lo tocante a la Sentencia condenatoria por el referéndum ilegal del 1-O.
desvirtuando las Sentencias judiciales, dejando en agua de borrajas años de investigación y juicios por nuestro más alto Tribual, Tribunal Supremo, fruto del acuerdo con los independentistas. El Sr. Puigdemont que establecerá el calendario de nuestro país, y del que depende el Presidente de Gobierno, se esta riendo a la cara del Poder Judicial en el más amplio sentido de la palabra de forma gratuita, con la avenencia de Europa.
La mayoría de los desmanes del Gobierno en la pasada legislatura han pasado de rositas sin que el Poder Judicial se haya pronunciado al respecto. Vemos que el Tribunal Constitucional y el C.O.P.J. están colapsados en lo que a la renovación de cargos se refiere, prácticamente inoperantes y en servicios mínimos.
El caso del Tribunal Constitucional (aunque no es un Órgano estrictamente jurisdiccional del Poder Judicial, cuyo deber es preservar y hacer cumplir la Carta Magna) es aún sangrante. Sus miembros están totalmente politizados, ahora con mayoría progresista, con el riesgo que conlleva para la deconstrucción del Estado, mientras que para los ciudadanos de a pie resulta imposible obtener amparo porque ¡ojo¡ solo admiten a trámite el 1% de los asuntos que allí llegan, lo que dicho en otras palabras, los ciudadanos estamos totalmente desprotegidos en la vulneración, a cualquier escala, de los derechos fundamentales recogidos en la CE.
El panorama es totalmente desalentador, pero aquí hay varios culpables. El primero de ellos es la egolatría del Sr. Sánchez, con ningún sentido de Estado, y con tal de ser Presidente le da igual todo lo demás, lo que es legítimo y está en su derecho, pero también mucha responsabilidad (incluso mas) es del Partido Popular al no tener un líder fuerte, solido y solvente (pues Feijoo, de momento, no esta siendo capaz de convencer de forma clara al electorado), sin haber hecho oposición solida y firme en estos cinco años.
