Por Marcelino Pérez
El problema de la ocupación ilegal de viviendas en España crece y no parece que se encuentre una solución, cuando realmente sería un asunto de fácil arreglo. El Partido Popular llevó al Senado una ley sobre este asunto que permitiría, de ser aprobada, el desalojo en 24 horas de quienes ocupen una vivienda de forma ilegal o de quienes, pasado un plazo de varios meses, sigan viviendo en una casa alquilada sin pagar la renta mensual.
Con esa ley los okupas serán lanzados de esas casas y si realmente se encuentran en situación de grave exclusión social, serán los servicios públicos quienes alojen a esas familias vulnerables en los centros municipales o estatales creados para tal fin.
Esa ley aprobada en Senado debe ser enviada al Congreso de los Diputados para ser estudiada y votada. De forma que si la mayoría de diputados la rechaza no será efectiva y si entrará en vigor en cambio si el Congreso la aprueba con las enmiendas oportunas.
El PSOE impide, mes tras mes, que ese asunto llegue a la carrera de San Jerónimo y así pasan los meses sin que los representantes del pueblo debatan y aprueben o rechacen la ley.
La razón es sencilla: los socialistas no quieren definirse sobre este asunto y menos aún enfrentarse a un debate parlamentario que pudieran perder ya que tanto el PNV como los diputados de Puigdemont podrían votar la ley antiokupas, con algunas enmiendas. Más miedo tiene el PSOE a definirse sobre este asunto, ya que una buena parte de sus votantes está a favor de terminar con la ocupación y sólo el ala más radical se muestra a favor. El mayor problema lo tiene el PSOE con sus socios de gobierno situados a su izquierda que defienden la okupación y censuran a las fuerzas del orden cuando ejecutan un desalojo por orden judicial.
El PP y VOX no son capaces de movilizar grupos que con sus manifestaciones y protestas en la calle presionen al gobierno. La carencia de acción de la derecha es uno de los obstáculos para lograr una solución a este problema que, como se está viendo en Cantabria, especialmente en Torrelavega, trae consigo violencia y un clima de ausencia de convivencia vecinal. Una buena parte del electorado socialista es contraria la actual situación de impunidad y por ello el PSOE trata de no tener que definirse en el Congreso con su voto a favor o en contra del texto aprobado en el Senado.
Es urgente que la ley ratificada en el Senado se debata en el Congreso para que, de una vez, quede claro lo que cada partido quiere hacer con el problema de la okupación de casas que tienen legítimo propietario y, al mismo tiempo, proteger a las familias con menos recursos para proporcionarles una vivienda, siempre dentro de la legalidad y sin expropiaciones encubiertas.
