Por Marcelino Pérez
El escándalo del jefe de servicio de carreteras del gobierno de Cantabria ha destapado un caso de corrupción grave. Un asunto como este afecta al PRC, partido que siempre ha sido radical en su lucha contra la corrupción, que está paralizado ante lo ocurrido y es incapaz de reaccionar de manera adecuada.
El presidente Revilla ha tratado de zanjar el escándalo con el cese/dimisión del consejero de Obras públicas y del director general de carreteras. Pero con la entrega de esas cabezas no se consigue poner remedio al problema, porque lo importante es evitar que un caso similar se repita. Tampoco se sabe cuántas actuaciones parecidas se lleva a cabo en el presente en las diferentes consejerías.
Lo ocurrido es motivo suficiente para realizar, de inmediato, antes de las elecciones del 28 de mayo una auditoria integral de las diferentes consejerías para detectar posibles situaciones irregulares. Llevar a cabo una medida preventiva como esa y publicar los resultados sería una actuación que si demostraría el interés del gobierno por la limpieza y la transparencia.
En paralelo el PRC debe plantear en el Parlamento, por vía de urgencia, la anulación del acuerdo -que se aprobó con sus votos- que dejó sin efecto la creación de un organismo para controlar las adjudicaciones del gobierno y de las empresas públicas.
No es coherente presumir de la tolerancia cero con la corrupción y anular un organismo de control en el que estarían presentes miembros de la oposición, sindicatos, patronal y otros representantes de la sociedad civil.
El problema no se arregla con ceses o dimisiones, que son necesarias, sino con el desarrollo de una serie de medidas que mejoren el control de la administración. Otro aspecto importante es la evolución de la causa en los juzgados.
Este tipo de delitos económicos suele acumular enormes retrasos -véase el caso del fraude en la Banca Espíritu Santo– lo que permite que la opinión pública se olvide y vea en libertad a los implicados.
El PRC puede sufrir un daño severo en las elecciones de mayo si no es capaz de reaccionar con celeridad y contundencia ante el caso del escándalo de la Consejería de Obras Públicas
