El dinero detrás de los juicios de odio en Cantabria

Carta de Miguel Rodríguez Cervera

Soy Miguel Rodríguez Cervera, una de las verdaderas víctimas del delito de odio del tema famoso del antigitanismo en Santoña. Es decir: uno de los acusados que lleva más de 5 años con este calvario a cuestas que supone el haberse cruzado en el camino de la tristemente famosa fiscalía «del odio» y de los chiringuitos de este sector. Y quiero dar las gracias a este medio, en primer lugar, por vuestro apoyo, al poder contar a los lectores una realidad como un templo: para empezar, que el juicio no ha sido tan simple como lo plantea el Diario Montañés o El Faradio y que, con la excusa de erradicar «el odio», se están utilizando los juzgados españoles de una manera que creo que todos los ciudadanos debemos conocer.

¿Te has planteado alguna vez el tipo de negocio que hay detrás de la industria del delito de odio en Cantabria, con subvenciones y multas multimillonarias y bajo amenaza efectiva e inexorable de penas de cárcel y de más dinero aún, si no te avienes a pagar?

Me la he querido jugar a un juicio que yo ya intuía viciado, aunque me salía barato evitarlo

El contexto en que se produce esta situación es importante y os lo cuento con la responsabilidad asumida de quien lo ha relatado igual en el juzgado, con un juez delante y con noticias publicadas en la prensa del momento, que confirman lo que viene a continuación.

Antes de nada, recordar que todo esto se remonta a cuando Sanidad, la Guardia Civil o el alcalde del PSOE de Santoña se dedicaron a confinar a la fuerza a 21 familias gitanas de la localidad, después de que se afirmara en todos estos estamentos que miembros de esa etnia se estaban saltando el confinamiento por el covid y siendo estas familias las más castigadas de toda la villa en este sentido. Pero el Estado actuó tarde, cuando ya una oleada de pánico se había apoderado de cientos de vecinos de Santoña, que son de muy diversas procedencias, y con algunas manifestaciones poco afortunadas por parte de vecinos y no vecinos que se hicieron virales (o no) y por las cuales sí reaccionó a tiempo la GC. Y toda la prisa que no se dieron en mantener la paz y la tranquilidad de los vecinos, ante determinados comportamientos de personas de una comunidad concreta, en cuanto a no exponerse a contagiar a otros vecinos, se la dieron los guardias y la fiscalía, a última hora, para empezar a acusar de «odio» a muchísimas personas normales. Para eso sí espabilaron y no hizo falta que el alcalde (del PSOE, ojo) tuviera que llamarlos públicamente, como cuando se exigieron confinamientos forzosos para que pusiera fin a una situación tan lamentable.

En mi caso personal, quiero empezar este artículo afirmando (y hay testigos) que me ofrecieron muy barata mi salida de este lío monumental si pagaba un 10% de lo que me pedían al principio y aceptaba mi «culpabilidad», con una cárcel mínima de 6 meses, pero no he querido aceptar este trato porque el Estado de Derecho no se defiende entrando al juego sucio de a ver cuánto te doy para que me dejes en paz. En pocas palabras, decir a los lectores que me la he querido jugar a un juicio que yo ya intuía viciado, pero que ha merecido la pena pelear para que luego os pueda desnudar completamente la realidad que se está ocultando a la ciudadanía.

Quiero agradecer a Cantabria Press este derecho que tenemos al cuarto poder

Por esto quiero agradecer a Cantabria Press este derecho que creo que tengo con respecto al cuarto poder y que tenemos todos los ciudadanos, pero que se me está negando de forma sistemática por parte de periódicos más grandes de la provincia mientras unos cuantos interesados se dedican a falsear o en todo caso a presentar la realidad de forma muy sesgada.

Por ejemplo, en el Diario Montañés del 25 de junio hemos visto un «análisis» del juicio al que me voy a referir aquí que da un poco de rubor leer por encima, ya que sólo se hacen eco de la versión oficial de los acusadores y parecería que no enviaron un corresponsal al juzgado para cubrir en directo un juicio que ha supuesto más de 3 horas seguidas de auténticas aberraciones jurídicas: ya de entrada, dos de las tres defensas (el tercer acusado es un señor mayor que desde el principio renunció a defenderse) planteamos la nulidad de todo el proceso porque se vulneraron los derechos más fundamentales de los que estábamos acusados. Y eso es lo que no puede ser.

Los gitanos tienen sus derechos fundamentales, pero también mi cliente los tiene

Como dijo uno de los abogados defensores:

Yo estoy de acuerdo con que los gitanos tengan que tener sus derechos fundamentales, pero también mi cliente los tiene y esto incluye una tutela judicial efectiva con todas las garantías entre otros derechos.

En mi caso particular, también se me han hurtado derechos fundamentales con la excusa del confinamiento o el covid, además de que se me ha intentado colocar de rondón una serie de pruebas que no pueden certificar (alguna que otra la han tenido que quitar del sumario). Y estamos hablando de supuestos delitos cometidos en internet, que exigen de un protocolo de actuación investigador que no se ha seguido. Pero si la Guardia Civil no sabe trabajar o no ha llegado a ninguna conclusión definitiva en este caso no pueden solucionarlo con interrogatorios a la desesperada, fuera de las normas legales más mínimas, para salirse con la suya, aunque esto no sea físicamente posible.

Me han pedido dinero hasta el último momento antes de entrar en el juicio

Decir que de momento ya puede haber algún testigo cualificado que ha podido mentir en el juicio y que se ha podido meter en un potencial problema, en especial si esto sigue adelante, porque empiezo a estar muy cansado de la falta de objetividad y de las trapisondas de personas cualificadas que tendrían que estar velando por mis derechos fundamentales y no violándolos de forma sistemática. También os vuelvo a decir que me han pedido dinero hasta el último momento antes de entrar en el juicio y que de 10.000 me bajaron la exigencia a cinco mil y luego a mil, el precio justo último para salir del problema, bajándome desde los 3 y pico años de cárcel de petición a unos pocos meses.

Para ser una justicia pública y un Estado de Derecho en los que se tienen que decidir las cosas con pruebas objetivas y no con dinero, la verdad, no está nada mal.

Unas rebajas de última hora que eran muy tentadoras porque me libraban de la pena de cárcel tan fuerte que se me estaba pidiendo desde un principio, junto a una multa y una indemnización millonarias. Pero yo no podía firmar un acuerdo que en realidad no puedo asumir y que sería como reconocer, básicamente, que he cedido a una coacción intolerable en la puerta de los juzgados.

Interrogatorios sin derechos fundamentales y la vulneración del derecho de tutela judicial

Yo no entiendo una justicia que se puede comprar con dinero en la puerta del juzgado antes de entrar al juicio y todo con la excusa de que has aceptado un acuerdo y vas a reconocer y reparar el daño. No tengo por qué pagar por una inocencia que tienen ellos que poner en duda o por una culpabilidad que tienen que demostrar ellos y no yo. Aparte de todo, se ha podido comprobar que se han incurrido en muchísimas situaciones muy ilícitas, como interrogatorios sin derechos fundamentales y la vulneración del derecho de tutela judicial, entre otras más que presuntas irregularidades.

El abogado especialista en delitos de odio en Santander, Alberto Bedia, fue quien me defendió de forma brillante y trató durante todo el juicio de averiguar de dónde sacaba la acusación unas «pruebas» que se dan por buenas sin ninguna certificación ni fuente ni nada y con graves contradicciones en el propipo informe policial. Con una Guardia Civil que acude a mi domicilio a interrogarme sin informarme de mis derechos y sin abogado presente, lo en lo que en su argot particular han calificado como «entrevista», para luego dar por buenas las presuntas confesiones que presuntamente me arrancan en dicho interrogatorio alegal. Por fortuna, he podido demostrar mi inocencia en éste y otros episodios lamentables, como cuando me imputaron de rondón el audio de whatsapp más grave de todos, en el cual se decía que había que exterminar cruelmente a los gitanos y hasta a sus niños.

Nos han interrogado de forma ilegal y los abogados lo han puesto de manifiesto todo el tiempo

De nada de esto habla el Diario Montañés o El Faradio, al menos, hasta la fecha (esperemos que recapaciten y se miren el juicio un poquito). Tampoco de que en el caso de otro acusado se han saltado normas básicas de la instrucción. En los dos casos referidos, y esto es evidente, nos han interrogado de forma ilegal y los abogados lo han puesto de manifiesto todo el tiempo, pero nada. En mi caso personal, os puedo decir que el covid y el confinamiento les han servido a los investigadores para justificar mi pérdida de derechos fundamentales.

Es decir: los «agredidos», por la situación sanitaria de emergencia y no sé qué (en la que 21 familias gitanas fueron confinadas por la fuerza, recordémoslo), tenían aumentada su protección estatal y sus derechos, pero los presuntos «genocidas» no tenemos ni siquiera derecho a que se nos garanticen nuestros derechos más básicos.

Pero no todo fueron malos ejemplos y abusos de autoridad. El juicio fue una fuente generosa de buenas lecciones de profesionalismo y de Derecho en condiciones. El abogado especialista en delitos de odio en Santander, Alberto Bedia, junto al compañero que defendía a otro inconforme con la situación, estuvieron intentando desde el principio que el juicio fuera nulo por la cantidad de situaciones muy graves de desamparo de sus defendidos desde el comienzo de la institución y también posteriormente.

Están acostumbrados a que la gente se doble por miedo y acepte cualquier trato para evitar la cárcel en los delitos de odio

La lección de Derecho que pude contemplar ayer, por parte de los dos abogados de la defensa, que se enfrentaron a la acusación completa y los extraños testigos, que apenas recordaban nada esencial, en el caso de delito de odio en Santander contra los gitanos, mereció mucho la pena. Un juicio muy interesante que pudo haberse evitado en parte si uno de los acusados, que soy yo, hubiera accedido a lo que para mí es una clarísima coacción y chantaje a mano armada y exigiendo pasta hasta en la misma puerta del juzgado, con tal de evitar el juicio, aceptando forzadamente una versión de los hechos en la que tengo que ser culpable pase lo que pase. Sólo así me perdonarían la vida, evitándome un juicio penoso en el que yo ya intuía que tendría que seguir aguantando las más impresionantes arbitrariedades (y no me equivocaba).

Si tan barato me salía escapar del lío pagando mil euretes, queridos amigos, eso quiere decir que no lo tenían tan claro como se presume en el Diario Montañés y como quedó de manifiesto a lo largo del juicio. Pero están demasiado acostumbrados a que la gente se doble por miedo y acepte cualquier trato para salir del problema mayor, que es la cárcel.

Siempre tendrás que asumir tu «culpabilidad» si estamos hablando de un chiringuito del odio

Como ya razoné ayer en otro artículo, al final, en España te puedes librar del juicio si tienes el dinero suficiente, aunque siempre tendrás que asumir tu «culpabilidad» si estamos hablando de un chiringuito que te ha denunciado, porque parece ser que es la única manera de que algunos puedan seguir adelante con su chiringuito victimista y cobrando unas subvenciones acojonantes de las que no quieren dar explicación alguna. De hecho, el otro abogado defensor les puso en apuros a los de la asociación sin ánimo de lucro en cuestión, que son los que paradójicamente tienen que cobrar las suculentas indemnizaciones en caso de condenas y «acuerdos»:

¿Puedo saber dónde está radicada la Asociación de los gitanos a la que usted representa? ¿En qué se gastan el dinero que reciben?

Decir que este interrogatorio tan interesante fue cortado rápidamente por el presidente de la sala y no sé yo si el tema estaba tan fuera de lo que estábamos hablando, ya que si esa supuesta asociación es la que tiene que cobrar la reparación de los presuntos daños estaría muy bien saber a qué se dedican y cómo funciona todo ese rollo y por qué tienen que ser ellos los «damnificados» por el «delito de odio».

Te la juegas a la aventura dentro de una sala en la que puede que no siempre tengas un juicio justo

Es decir: o negocias con el chiringuito en cuestión para que te perdonen la vida y en concreto a la cárcel, porque el dinero es la prioridad número uno, o te la juegas a la aventura dentro de una sala en la que puede que no siempre tengas un juicio justo. Sí, señores, han leído bien. Puede que no tengas un juicio justo con todas las garantías en España y en pleno siglo XXI. Todo ello teniendo en cuenta que, con las leyes de odio en la mano, tan injustas, que han hecho a su medida los políticos, es fácil que puedas salir escaldado con penas de cárcel y multas millonarias, lo que da a estos chiringuitos del odio la posibilidad de regatearte hasta el último momento y a ver cuánto dinero te pueden sacar hasta en la puerta del juzgado.

No sé qué opinarán los lectores, pero a mí me parece un tipo de comportamiento tercermundista y deleznable. Todo basado en el dinero, la coacción parajudicial de unas penas desproporcionadas y en un discurso cursi de victimismo que se utiliza a la justicia como yunque en el que machacar al personal si no te allanas y aceptas y pagas desde el principio.

Como dijo el señor fiscal, en su informe final del juicio: «los delitos de odio contemplan pagos de indemnizaciones económicas, pero hacen efectivos con palabras y también se tienen que reparar con palabras». Esto para expresar que tenemos que pedir perdón a no sé quién por no sé qué daños, en nuestro caso. No, señor fiscal, que no es así. Que aquí puedes salir del problema pagando. Como diría Don Cangrejo, el simpático jefe de Bob Esponja, aquí todo se arregla con dinero y se acabó.

El que tiene que decidir si soy culpable o inocente es un juez , con pruebas y una instrucción que sean lógicas

Es muy triste todo, pero ni siquiera las graves irregularidades llevadas a cabo en la instrucción han importado demasiado a la hora de hacer valer los derechos fundamentales de unas personas que parece que tenemos que ser condenadas porque sí.

Un auténtico ajuste de cuentas y un mercadeo beduino con la libertad de personas que no somos delincuentes ni corruptos, pero que tenemos la mala suerte de encontrarnos en el camino de ciertas personas y con ciertas autoridades y un cierto sistema judicial que no están funcionando correctamente. Ya está bien de abusos. La mayoría sensatas de los ciudadanos normales queremos una justicia independiente y que realmente funcione a la medida de lo que es un Estado de Derecho, sin las interferencias de los llamados chiringuitos y sin tener que negociar acuerdos con una espada de Damocles que, en mi caso personal, me salía barata con esos mil euros de última hora, pero que no he querido pagar porque no me da la gana. Roma no paga a traidores.

El que tiene que decidir si soy culpable o inocente es un juez y con pruebas y una instrucción que sean lógicas y no un chiringuito, con su acuerdo de última hora, que me venden baratísimo por no tener tantas esperanzas en ser capaces de condenarme «por las buenas».

Esperemos que el ejemplo cunda en general y que otros medios que no han querido ni plantearse el escucharme, aun cuando he ido a verlos con el sumario en la mano, empiecen a ejercer una libertad de prensa efectiva que consiste en contar los dos lados de la película y no solamente el que interesa a la oficialidad.