Por Marcelino Pérez
La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha manifestado, durante su visita a Cantabria, que ya se han reforzado los efectivos en el Puerto de Santander y que se está poniendo «todo de su parte» para aumentar la seguridad y evitar la entrada de polizones, por lo que considera que ya «no se trata de poner más personas, sino de que el recinto no necesite de la seguridad de tantas personas y sea seguro per se”. Con esta declaración María Gámez se suma a las tesis de la delegada del gobierno en Cantabria.
La incoherencia de la posición del gobierno de España en este aspecto es total. El presidente del Puerto de Santander, Francisco Martín del PRC, asume esa tesis de que el puerto debe autoprotegerse de la entrada de polizones y para ello ha colocado concertinas -cuchillas en la parte más elevada de la valla- que impidan o al menos dificulten el salto a esa valla. Pero la delegada del gobierno en la región, Ainoa Quiñones, exige que se retiren las concertinas porque son “inhumanas”.
La traducción es sencilla: el gobierno de España dice que la responsabilidad de la seguridad del puerto es del presidente del Puerto, pero luego le impide que pueda actuar para contener a los inmigrantes ilegales.
Respecto a las concertinas hay que decir que están colocadas en la cima de una pared de varios metros de altura y que por tanto nadie está en peligro de hacerse daño… a no ser que se quiera cometer un delito.
Por toda Cantabria existen torres que sujetan tendidos eléctricos de alta tensión y en todos ellos hay carteles que anuncian el peligro que conlleva tocar esas estructuras metálicas y nadie ha cuestionado la legalidad, a pesar de que ya hubo algunas víctimas por descargas eléctricas de alta intensidad.
La seguridad del puerto debe estar en un solo mando, porque esta diferencia de criterio perjudica la seguridad de unos de los puntos económicamente más importantes de Cantabria.
Si permanecen las brechas de seguridad en el acceso al puerto se recrudecerán los problemas con la aduana británica y, lo que sería mucho peor, puede que alguno de los inmigrantes muera en la travesía.
El gobierno de España no puede delegar la seguridad del puerto en la junta portuaria sin permitir que se dote de las medidas precisas para garantizar que quienes quieran acceder de forma ilegal lo hagan.
