Por Marcelino Pérez
Una iniciativa del gobierno de España, consistente en introducir en el texto de la Constitución el derecho al aborto, vuelve a situar en el centro del debate este asunto que toca elementos esenciales de la ética, como lo es el derecho a la vida.
Un enfoque al margen de la ética, la moral o las creencias religiosas es el que, al lado de esto, resulta frívolo, pero que también es importante: la responsabilidad de las mujeres que quieren abortar, que se extiende también a sus parejas.
El aborto, durante siglos, ha sido la herramienta criminal para impedir que un embarazo llegara a su término. Si dejamos a un lado la ética, nos encontramos que en el presente miles de mujeres abortan en España y el coste de esta intervención corre a cargo del contribuyente, es decir de los españoles que pagan impuestos. Y ese asunto queda obviado en el debate sobre el aborto.
Cuando no existían los métodos anticonceptivos modernos y al alcance de cualquier persona, través de los centros de planificación familiar, tenía el aborto el atenuante de la exterma necesidad de la futura madre o que el hecho de tener un hijo quebrara la trayectoria vital de la madre.
En el presente, los abortos, salvo los que se practican por malformaciones del feto, son simplemente por la negligencia de la madre. El sistema de salud español pone al alcance de cualquiera, diferentes tipos de anticonceptivos, desde el tradicional preservativo, hasta la píldora o la vasectomía. Incluso para los casos de haber mantenido una relación sexual sin protección está al alcance de todas las mujeres la píldora del día después, un sistema sencillo que produce el aborto sin necesidad de consumir recursos hospitalarios, tan escasos.
Si una mujer es mínimamente responsable adoptará cualquier de estas fórmulas de impedir el embarazo o de abortar sin necesidad de la intervención en un hospital. Esto pone de manifiesto que las mujeres que acuden al aborto no son ni responsables ni solidarias con el resto de la población.
Para evitar esta carencia de responsabilidad y al mismo tiempo respetar el derecho al aborto, una solución es que los abortos, que no sean por problemas del feto o que afecten a la salud de la gestante, deban ser pagados para que el coste de la falta de mínima responsabilidad no recaiga sobre quienes si actúan con una visión solidaria dela sociedad.
Quien no aprovecha las múltiples opciones para evitar la práctica de un aborto debería afrontar, al menos, los gastos y no obligar a los contribuyentes a cargar con el coste de su carencia de solidaridad y responsabilidad.
