Por Marcelino Pérez.
El pasado martes, 27 de diciembre, pudimos leer en la prensa regional dos noticias de
especial gravedad para Cantabria: Por una parte, la renuncia del gobierno cántabro a
cumplir la promesa de crear el consejo que debería supervisar el funcionamiento de
las empresas públicas. Por otra, comprobar que la alianza de Asturias, Galicia y Castilla-León para mejorar sus conexiones ferroviarias conseguía 1.700 millones de euros para sus proyectos… una alianza de la que Cantabria se desenganchó hace tiempo, en
silencio y ocultándolo a los cántabros.
El primer asunto supone la constatación de que en las empresas públicas de Cantabria
hay mucho que ocultar por parte de los gobernantes. Si la gestión fuera correcta, no
habría necesidad de renunciar a un órgano de control y supervisión. El órgano
prometido para evaluar las empresas públicas, en las que trabajan varios miles de
personas, permitía la participación de todos los partidos políticos con representación
en el Parlamento, así como de los sindicatos.
El incumplimiento de la promesa gubernamental es una prueba de que hay mucho que
esconder en empresas como Mare, Cantur, Sodercan, Fundación Comillas, PCTCAN y
un larguísimo etcétera, que debería ser conocido por la opinión pública. El control de
ese entramado de empresas que, con dinero público, funcionan como si fuera privadas
queda en manos de la intervención general, como hasta ahora, con lo que se impide
que la oposición y los organismos independientes tengan acceso a los datos reales. La
carga de trabajo de la intervención general es muy grande, lo que impide un control
riguroso de las empresas públicas.
Estas empresas son el instrumento con el que los partidos que gobiernan -ahora PRC y
PSOE- ofrecen empleo, a dedo, a los afectos, familiares, amigos etc. lo que supone una
fuente de votos muy considerable y genera un alto nivel de ineficiencia.
El escándalo de suprimir ese organismo antes de nacer, apenas ni está teniendo
repercusión, siendo un tema de la máxima gravedad. Una demostración de la
incapacidad de PP y VOX para llevar a cabo una oposición eficaz que tienda a proteger
a las personas de los abusos de los gobernantes.
De la ausencia de Cantabria en la alianza por el ferrocarril en la cornisa cantábrica
baste decir que por una apuesta por un tren entre Santander y Bilbao, del que apenas
si hay bocetos, costará mucho dinero y se tardará lustros en construir, se ha
renunciado a participar de unos fondos millonarios que servirían para mejorar nuestra
conexión por tren con el resto de España.
Dos malas noticias para la comunidad autónoma que debería ser emendadas.
