Por un STV.
En España perduran rastros de los viejos sistemas cuasi medievales. Costumbres que se hacen leyes y que nos remiten a los viejos gremios y los privilegios otorgados a determinados territorios o personas. Un ejemplo es el sector del taxi, que en Cantabria está soliviantado por la aplicación de la norma nacional a los municipios de la región.
Las licencias para poner en circulación un taxi las conceden los municipios, en función del número de vehículos que se precisan para cubrir un servicio público. Las licencias, por tanto, son una simple concesión administrativa que al estar limitada en la cantidad las convierte en un documento codiciado. La sinrazón aparece cuando ese permiso municipal se vende y a precios realmente elevados. Una licencia de taxi en Santander puede llegar a costar 100.000 euros.
Lo lógico es que se prohíba la venta de licencias, ya que cuando el concesionario se jubila debería entregarla al Ayuntamiento para que la vuelva a adjudicar. Es más, si como demuestran los hechos las licencias son caras el municipio debería ampliar el número de ellas para mejorar el servicio.
Al existir más coches en oferta, e impedir este tráfico que, si no es ilegal roza el límite de legal y, desde luego, es completamente anacrónico se mejoraría la prestación a los ciudadanos. En un país con un mercado abierto y libre no se entiende bien esta práctica medieval de una concesión con la que se puede mercadear.
El sector del taxi en Santander, y en el resto de España, se debe abrir a los nuevos tiempos, se tiene que liberalizar y terminar con esta compraventa de licencias municipales, que es una práctica obsoleta y que se presta al amiguismo y convierte en una concesión administrativa en un valor monetario.
