Por Marcelino Pérez
En los últimos días, el gobierno autonómico de Cantabria y el ayuntamiento de Torrelavega han recibido severos varapalos de los tribunales: El proyecto del parque acuático de Torrelavega se ha visto frenado en seco por una sentencia y lo mismo ha ocurrido con el entramado legal de protección de las marismas de Santoña aprobado y en vigor. Dos sentencias que se unen a las otras muchas que han puesto en evidencia tanto a la autoridad regional como municipal.
Conviene recordar, sin ser exhaustivos, la sentencia y orden demolición de la depuradora de Vuelta Ostrera, el rechazo del plan de ordenación urbana de Santander, las diferentes sentencias contra la legalización de viviendas y un largo etcétera.
Los cántabros debemos preguntarnos cómo es posible que se aprueben leyes con graves defectos, cuando los gobiernos municipales, el regional, el Parlamento… tienen unos equipos jurídicos de primer nivel y son incapaces de presentar un texto legal a prueba de recursos. No se puede comprender que una asociación como ARCA, con escasos medios y unos abogados de a pie, tumben en los tribunales leyes complejas y esenciales, redactadas por equipos jurídicos del más alto nivel.
Tampoco se comprende que cuando los tribunales anulan proyectos que afectan a miles de personas y que pueden suponer un grave quebranto económico para las arcas públicas – ósea para los cántabros- nadie sea responsable. La impunidad de los técnicos públicos es sorprendente.
Tampoco es aceptable que una y otra vez una asociación minúscula deje sin efecto leyes y proyectos de gran alcance. Tras los primeros varapalos judiciales era evidente que los gobiernos debieron aprender y legislar con más cuidado y más acierto.
Quienes defienden “lo público”, a ultranza, tienen la obligación de asumir esta paradoja de que un pequeño grupo de progresistas, con escasos medios privados, tumbe leyes hechas por lo más granado del derecho del sector público. No parece que la eficiencia de lo público brille en estos casos.
