Por Marcelino Pérez
Una de las amenazas constantes a la actividad del puerto de Santander es la presencia de polizones que tratan de embarcar ilegalmente para llegar a Gran Bretaña. El puerto de Santander, gestionado desde hace años por presidentes nombrados con el apoyo del PRC, trata de frenar ese asalto de inmigrantes, mayoritariamente albaneses, que se superan los controles de acceso al puerto para entrar en los remolques de los camiones que esperan para embarcar rumbo a Gran Bretaña y de esa forma entrar ilegalmente en la isla.
La legislación vigente conduce a un absurdo juego del gato y el ratón: Bien la guardia civil, bien el servicio de seguridad privado del puerto, detienen a un polizón, éste queda de inmediato en libertad, con lo que al cabo de pocos días repite el intento y así hasta diez, veinte o centenares de entradas ilegales en el puerto. La policía se ve sometida a un juego interminable en el que quien infringe la ley, queda impune
El problema para el puerto no reside solamente en el peligro que estos polizones suponen para la seguridad del tráfico, también el riesgo que corren los inmigrantes ya que en ocasiones se albergan en rincones que presentan gran peligro para sus propias vidas.
Además, cuando esos camiones llegan a Reino Unido allí los servicios policiales realizan registros profundos y cuando encuentran un polizón no solamente lo devuelven a España, sino que multan a la compañía que ha fletado el ferry.
Para frenar el constante acoso, el puerto de Santander ha realizado obras costosas y que afean el paisaje urbano, como vallas de cuatro y cinco metros de altura coronadas con concertinas (cuchillas cortantes) para disuadir a los que quieren cometer un acto ilegal.
La delegada del Gobierno en Cantabria, Ahinoa Quiñones, nombrada por el gobierno socialista insta a eliminar las cuchillas porque las considera inhumanas y sostiene que la seguridad en el puerto es suficiente.
El director del Puerto, anteriormente consejero del gobierno de Cantabria por el PRC, aduce que los datos indican que los asaltos al puerto son continuos y que las concertinas son disuasorias. No dañan a nadie que no trate de quebrantar la ley.
El presidente del Puerto ha anunciado que no quitará las concertinas, elementos que solo causan daño a quienes pretender infringir la ley, pero que no afectan a las personas que cumplen la norma. Este desafío del presidente del Puerto provoca una disyuntiva letal para le pacto de gobierno:
O bien el Puerto retira las concertinas y acata la orden del Gobierno de España o bien las mantiene y el gobierno de Pedro Sánchez, y su delegada en Cantabria, quedan desautorizados. De momento elPRC ha ganado la primera baza al no acatar las normas del Gobierno de España.
Lo cierto es que en el puerto están desplegados de manera permanente un buen número de guardias civiles y que el Puerto gasta muchos miles de euros en contratar seguridad privada y aun así el problema sigue vigente.
La solución es sencilla, pero nadie se atreve a plantearla: basta con legislar que cualquier extranjero que esté en España y cometa de forma reiterada un delito menor, como es el caso del asalto al puerto, sea deportado a su país de origen con prohibición de entrada en España. El propio PRC no ha presentado ninguna propuesta en el Parlamento de España para modificar la ley en ese sentido.
Con esa normativa, que parece lógica, se podría minimizar el problema de la seguridad en el puerto de Santander y ahorrar los muchos miles de euros que cuesta tanta seguridad privada en el Puerto y disponer de más guardias civiles para reforzar la seguridad en las diferentes localidades de Cantabria que se quejan de carencia de efectivos de la benemérita.
